Un informe de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado da a conocer que entre enero de 2024 y agosto de 2026 se abrieron 57 investigaciones por muertes violentas al interior de los Centros de Privación de Libertad (CPL) del país.
En dicho documento se revela también que existe un acumulado de 392 denuncias por el delito de tortura, siendo la provincia de Cotopaxi la que encabeza estos casos con 98, seguido de Guayas, que tiene 67, Pichincha 32, Santo Domingo de los Tsáchilas 27 y Esmeraldas con 22 expedientes.
De las 392 denuncias por el delito de tortura registradas a nivel nacional, 195 corresponden a 2024, 146 a 2025 y 51 durante los primeros ocho meses de este 2026, dice el reportaje de Radio Pichincha.
En cuanto al estado de estos procesos, 340 causas permanecen en investigación previa, 31 registran archivo aceptado, 13 tienen pedido de archivo y solamente un caso cuenta con sentencia condenatoria firme.
Tras una misión de observación efectuada a finales de marzo pasado, la representante de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Donovan Ortega, dijo que la tortura se está convirtiendo en una práctica cada vez más generalizada en el país, extendiéndose también a estaciones policiales, centros de acogida infantil y hospitales psiquiátricos.
Dichas declaraciones las recogió Deutsche Welle (DW), en donde Ortega añadió que la OMCT, en conjunto con otras nueve organizaciones internacionales como Front Line Defenders y Civicus, constató un panorama preocupante marcado por la implementación de políticas de corte securitista, la normalización de los estados de excepción y el resquebrajamiento de la independencia judicial, por lo que Ecuador será incluido como un país de alto riesgo en el próximo índice global de la tortura.
Respecto a los fallecimientos registrados al interior de las cárceles, el cantón Guayaquil concentra la mayoría de los casos a nivel nacional con 33 investigaciones, seguido por Loja con nueve y Esmeraldas con ocho expedientes.
Por tipo penal, las investigaciones se desglosan en 47 asesinatos, ocho homicidios y apenas dos causas por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por parte de servidores públicos.
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