El Hospital Carlos Andrade Marín, entidad principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito, está en el centro de una investigación liderada por el Bloque de Seguridad. La institución, que atiende a cerca de 200 mil pacientes al año y genera más de $150 millones de dólares, se ha convertido en blanco de intereses criminales vinculados a la compra y venta de insumos médicos.
Trabajadores de la unidad denuncian amenazas y presiones por parte de grupos que, según denuncias, actúan como mafias dentro del sistema hospitalario. El Ministerio de Salud ya recibió denuncias formales, y parte de las investigaciones se centran en la adquisición y desvío de dispositivos médicos, como mascarillas e instrumental quirúrgico, cuyos precios no están regulados por el Estado.
Un ex empleado, que habla bajo condición de anonimato, revela que miles de dispositivos entran y salen de los hospitales sin un control adecuado, lo que alimenta el mercado paralelo. Si bien los medicamentos tienen precios establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, los dispositivos ofrecen dejan lagunas que facilitan los esquemas de corrupción.
Otro tipo de negocio ilícito sería la utilización de contratos de externalización de servicios como limpieza, seguridad y alimentación. Se dice que los mismos grupos y sindicatos operan bajo diferentes empresas, manteniendo el control sobre sectores enteros del hospital, incluso utilizando amenazas cuando se suspenden los pagos.
Las denuncias también señalan que las decisiones de compra involucran directamente a posiciones estratégicas, como directores de salud y responsables de calidad y prestación del servicio. El propio presidente del IESS, Eduardo Peña, reconoce la gravedad del problema y promete enfrentarlo, incluso admitiendo que la solución será gradual.
De este modo, el hospital se enfrenta a graves dificultades de abastecimiento: sólo se cubren entre el 59% y el 61% de sus necesidades de medicamentos y materiales. La escasez preocupa a los jubilados y asegurados, que dependen de la institución y se encuentran ahora en medio de una crisis institucional y moral.