Un escándalo de adquisiciones surge en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil, donde cinco empresas de reciente creación reciben un total combinado de $3,9 millones en 14 contratos gubernamentales. Las cinco empresas se crearon el mismo día, comparten un capital inicial idéntico de $1.000 y registran la misma línea de trabajo: instalación y gestión de instalaciones médicas. Los contratos se firmaron entre octubre de 2024 y enero de 2025, lo que genera preocupación por irregularidades en la contratación pública en uno de los hospitales más vulnerables de Ecuador.
Los acuerdos se llevaron a cabo bajo la dirección de Marcelo Castillo Jaramillo. Desde su nombramiento en septiembre del 2024, la institución, ubicada en el violento distrito de Nueva Prosperina, ha enfrentado múltiples crisis, tanto en términos de seguridad como, ahora potencialmente, en la ética de las adquisiciones. Los intentos de los medios de comunicación por entrevistar a Castillo a través de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública fueron infructuosos, y las autoridades se negaron a hacer comentarios.
Los registros corporativos revelan que las cinco empresas comparten fecha de constitución y actividad comercial, y muestran vínculos personales y familiares entre al menos dos de ellas. Su vertiginoso ascenso en la obtención de contratos públicos en menos de un año de operaciones llevó a grupos de vigilancia y ciudadanos a exigir explicaciones a las autoridades sanitarias y a la Contraloría General del Estado.
El hospital ya ha estado bajo escrutinio público debido a reiteradas violaciones de seguridad. Durante los ocho meses de mandato de Castillo, el centro fue escenario de incidentes violentos, incluyendo un tiroteo mortal entre soldados y delincuentes en septiembre de 2024 que dejó tres muertos. Poco después se activó el protocolo de emergencia «Código Plata», que expuso profundas deficiencias en los procedimientos de seguridad del hospital.
Las tensiones aumentaron en marzo de 2025, cuando los guardias de seguridad del hospital abandonaron sus puestos ante las crecientes amenazas y las insuficientes medidas de protección. El personal y los pacientes reportan sentirse expuestos y desatendidos, ya que el hospital continúa operando en una zona de alto riesgo con mínima vigilancia visible. Según informes, ingresar a las instalaciones cuesta solo $1 mediante «permisos» militares no oficiales, una afirmación que subraya el deterioro del control sobre el acceso al hospital.
A medida que aumenta la presión pública, se intensifican los reclamos para una investigación exhaustiva sobre el origen y la legitimidad de las cinco empresas, el proceso de adjudicación de los contratos y las responsabilidades de la dirección del hospital. Con $3,9 millones de fondos públicos en juego, el caso Monte Sinaí se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Ecuador para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en su sistema de salud pública.