Una inspección de rutina para cumplir con una orden de destrucción de estupefacientes reveló, a finales de febrero de 2024, la desaparición de 321 bloques de cocaína de una bodega de la Unidad Canina de la Zona 8, en Guayaquil. La droga, que estaba bajo custodia de la Policía Nacional, correspondía a dos incautaciones realizadas en 2023: una de 96 bloques en marzo y otra de 225 kilos en agosto. Los sellos de seguridad de los contenedores habían sido clonados, lo que permitió que el robo se produjera sin dejar rastros inmediatos.
El hallazgo fue reportado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional Nº 1 (Fedoti). Una de las primeras acciones previstas fue la revisión de las imágenes de videovigilancia. Sin embargo, los intentos de acceder al sistema con las credenciales proporcionadas por los responsables fracasaron, lo que levantó sospechas de obstrucción intencional. Un informe de septiembre de 2024 concluyó que no hubo ningún esfuerzo real para recuperar los datos, lo que obstaculizó el avance de la investigación.
Los informes de agentes encubiertos revelaron que el robo no fue un acto aislado, sino más bien parte de un plan organizado dentro de la propia fuerza policial. Los testigos dijeron que los sospechosos se coordinaron con otras unidades y sabían exactamente quién estaría de servicio durante la remoción de drogas. La cocaína era transportada en vehículos y rápidamente redirigida a redes de narcotráfico. Los bloques de droga desviados tenían una marca azul, utilizada en las pruebas químicas durante los decomisos, lo que permitía identificarlos cuando reaparecían en las calles.
Los agentes implicados, según testimonios, sustraían porciones de droga durante el pesaje oficial —parte para análisis y parte para fines propios— y revendían los bloques a precios reducidos, creando un mercado paralelo altamente rentable. Un kilo, que en Colombia costaba alrededor de 3.000 dólares, se vendía hasta por un tercio de ese precio, generando enormes ganancias cuando llegaba a los mercados de Estados Unidos o Europa.
El teniente coronel Guillermo Palacios, entonces jefe de la Unidad Antidrogas, reconoció la desaparición de la droga y denunció formalmente el caso ante el Ministerio Público el 1 de marzo de 2024. Pese a ello, las medidas internas no parecían estar a la altura de la gravedad del caso y las respuestas oficiales fueron escasas.
La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, contactada por la prensa, evitó comentar el incidente. El general Pablo Dávila, comandante de la Policía regional hasta abril de 2025, afirmó que sectores como la Unidad de Conducta Policial y la Inspección participaron en la identificación de agentes involucrados en redes criminales.
El caso pone de relieve la fragilidad institucional frente al narcotráfico y en tela de juicio la credibilidad de las operaciones antinarcóticos en Ecuador, exigiendo respuestas contundentes de las autoridades competentes.