Este sábado 17 de mayo de 2025, el Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el nuevo Proyecto de Ley enfocado en desmantelar la economía criminal asociada al conflicto armado interno.
Este proyecto, que tiene el carácter de urgente en materia económica, fue enviado por el Gobierno de Daniel Noboa, con el propósito de «desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno».
Se trata de la primera iniciativa legal de carácter económico urgente que Daniel Noboa impulsa tras su reelección ocurrida el 13 de abril de 2025, durante la segunda vuelta electoral. La Asamblea Nacional dispone de un plazo de 30 días para tramitar esta propuesta.
Aunque la propuesta gubernamental está enfocada principalmente en establecer un marco legal que reconozca formalmente el conflicto armado interno, también contempla otros fines, como las modificaciones al Código Penal y a la Ley de las Fuerzas Armadas, así como incentivos en el ámbito económico.
Entre los motivos expuestos para enviar el proyecto, el mandatario argumentó que su propósito es debilitar de forma significativa la economía informal vinculada al crimen organizado, además de propiciar un entorno favorable para la inversión, la creación de empleo y la recuperación económica en zonas afectadas por hechos violentos, para así beneficiar a los sectores productivos y comerciales, y a la ciudadanía en general.
La iniciativa incluye dos disposiciones económicas que tendrían como consecuencia una reducción en los ingresos fiscales y un aumento en el gasto público destinado a la seguridad.
La primera disposición plantea que los contribuyentes que efectúen donaciones a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas (FFAA), en forma de equipamiento y suministros de seguridad, podrán beneficiarse de una reducción en el Impuesto a la Renta por su ayuda al cumplimiento de este deber. Dicha reducción corresponderá al valor donado, con un tope del 30% del impuesto causado, sin posibilidad de solicitar devolución. Por supuesto, los equipos y suministros donados deberán ser nuevos y encontrarse en condiciones adecuadas para el uso de los miembros de la Policía y FFAA.
El proyecto no especifica el monto que el Estado dejaría de percibir por concepto de esta reducción impositiva, ya que dependerá del valor total de las donaciones realizadas por los contribuyentes.
La segunda disposición establece que, «como parte de la reconstrucción del tejido social por los efectos de las economías criminales en conflicto armado interno, el Presidente podrá, de forma anual y discrecional, otorgar un incentivo económico a la ciudadanía».
Estos incentivos serán implementados mediante decreto ejecutivo y estarán dirigidos a tres grupos específicos:
- Pequeños y medianos productores del sector agroproductivo.
- Jóvenes o adultos para que puedan potenciar sus capacidades y habilidades.
- Actores de la economía popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares, con el objetivo de reactivación económica y promover la continuidad de sus actividades productivas.
El texto del proyecto no detalla el monto del Presupuesto General del Estado que se destinará a cubrir estos gastos adicionales, pero se establece que en todos los casos será necesario contar previamente con un dictamen favorable por parte del Ministerio de Finanzas.
Finalmente, el documento especificó que el Bloque de Seguridad, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el Servicio de Rentas Internas (SRI), llevará a cabo una evaluación anual del impacto económico de la ley, asegurando su alineación con el Plan Anual de Inversiones y el Presupuesto General del Estado.