Ecuador enfrenta una alarmante escalada de violencia en 2025, con más de 2.300 homicidios registrados solo en el primer trimestre del año. Datos del Ministerio del Interior indican que el 91% de estos asesinatos están vinculados a enfrentamientos entre bandas criminales. Las fuerzas de seguridad han confiscado un número creciente de armas de alto calibre, como rifles y ametralladoras, lo que pone de relieve el creciente poder militar de estas organizaciones.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) destaca que el mercado ilegal de armas en el país está en expansión, llegando a venderse rifles de largo alcance hasta en US$15.000. Estas armas ingresan a Ecuador por varias vías, incluidas las fronteras terrestres con Colombia y Perú, así como vías marítimas y aéreas.
En un reciente operativo, autoridades de El Salvador interceptaron una embarcación procedente de México con destino a Ecuador, que transportaba 30 armas de alto calibre. El presidente Daniel Noboa declaró el estado de emergencia en varias provincias y la capital, Quito, en respuesta a la creciente violencia. La medida incluye un toque de queda nocturno y restricciones a los derechos civiles, con el objetivo de contener el accionar de grupos armados organizados.
Pese a estas acciones, los expertos advierten que militarizar la lucha contra el narcotráfico puede no ser suficiente para resolver la crisis. La presencia de bandas como Los Lobos, que se han vuelto dominantes en ciudades como Quito, contribuye al agravamiento de la situación. Estas organizaciones criminales, vinculadas a cárteles internacionales, compiten por territorios para el narcotráfico y la extorsión, lo que resulta en enfrentamientos violentos y víctimas colaterales.
El gobierno ecuatoriano ha solicitado asistencia militar a países aliados para reforzar las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la población vive bajo constante amenaza y la violencia se extiende a zonas urbanas y rurales. La situación actual refleja un cambio en el perfil de la criminalidad en el Ecuador, con el aumento del uso de armas de fuego en detrimento de las armas blancas.
Este escenario indica una transición desde delitos motivados por razones personales a una violencia más estructurada, vinculada al control de rutas de tráfico y actividades ilícitas. El desafío para las autoridades es desarrollar estrategias efectivas que combinen la represión del delito con políticas sociales de largo plazo.