El exvicepresidente Jorge Glas enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de peculado con respecto al caso Reconstrucción de Manabí.
Este lunes 19 de mayo de 2025, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió que tanto Glas como el exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, deben ser llevados a juicio.
Según la Fiscalía, hubo un presunto mal uso de fondos públicos en beneficio de personas naturales y jurídicas, incluyendo contratistas y fiscalizadores, en el contexto de contratos firmados tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
De acuerdo con la CNJ, Jorge Glas, en su calidad de presidente del Comité de Reconstrucción, habría autorizado la priorización de 11 proyectos que no tenían vínculo con la emergencia. Según la Fiscalía General del Estado, Glas participó en sesiones del Comité entre mayo de 2016 y mayo de 2017. También habría definido el ámbito de trabajo de los equipos, en un entorno donde, presuntamente, no existían normas claras ni una ejecución homogénea de proyectos.
Además, se señala que los proyectos priorizados “no guardan relación con la Ley y el Plan de Reconstrucción”.
Con respecto al caso de Carlos Bernal, se investiga una supuesta contratación de una empresa vinculada a su familia para tareas de remoción de escombros.
La Fiscalía indica que Bernal tenía conocimiento de todas las resoluciones del Comité, firmó actas, coordinó y supervisó los proyectos, además de solicitar reportes y fondos para iniciativas que no se ajustaban a los objetivos de la Ley de Solidaridad.
También habría gestionado directamente con el Ministerio de Finanzas la asignación de recursos para los 11 proyectos en cuestión y otros adicionales. Se lo vincula, además, con los accionistas y el representante legal de la empresa Construhidrocab.
Respecto a las medidas cautelares, el juez negó sustituir la prisión preventiva de Jorge Glas, debido a que no consta en el expediente un informe sobre su estado de salud mental. La CNJ solicitó a la Fiscalía ordenar un examen siquiátrico, que deberá realizarse en un plazo de 12 días, previo a la audiencia de juicio.
El proceso será sorteado entre los tribunales.
Finalmente, el juez Marco Aguirre dictó sobreseimiento para los procesados Pablo O., Walter S., Boris C., Franklin B., Omar Ch., Milton M. y Víctor J. No obstante, la fiscal general Diana Salazar presentó una apelación frente a esta decisión. La audiencia fue suspendida, posteriormente reinstalada y concluida por el magistrado.