En esta parroquia de Imbabura, la búsqueda del oro atrajo a miles de personas, pero también al crimen organizado. La comunidad reclama un desalojo total.
La parroquia rural La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí (Imbabura), dejó de ser aquel pueblo tranquilo donde las casas permanecían sin llave.
Desde 2017, la minería ilegal ha cambiado radicalmente su paisaje y su día a día, convirtiendo el lugar en un escenario de conflicto. A pesar de varias intervenciones estatales, la población continúa viviendo con miedo, violencia y desesperanza.
La más reciente alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo confirma que en esta área convergen diversos delitos:
- Trata de personas
- Explotación sexual
- Trabajo infantil
- Violencia armada
- Daños ambientales irreversibles
Todo esto es consecuencia de la minería descontrolada, impulsada por organizaciones criminales como Los Lobos, Tiguerones y el Tren de Aragua, que operan en las zonas mineras.
“Vivimos en zozobra”
Lucía Chicaiza, presidenta del GAD Parroquial, describe con detalle la situación actual en mayo de 2025.
En entrevista, denuncia que aunque se desalojaron ciertos puntos de abastecimiento minero, como las áreas conocidas como Visera 1 y Visera 2, la actividad ilegal persiste.
“Se desalojó eso y desde entonces ha disminuido la presencia de mineros ilegales, pero no por completo. Aún continúan, aún hay personas foráneas ingresando. Y los grupos armados siguen en el sector de las minas. Eso lo manifiestan los vecinos, también denuncias anónimas que recibimos”, asegura.
Chicaiza añade que, entre las minas Vieja, El Olivo y Nueva permanecen entre 300 y 400 personas, alojadas en campamentos improvisados.