El pasado viernes 30 de mayo, los repartidores motorizados realizaron una paralización en Quito, con el objetivo de reclamar por condiciones laborales más justas y beneficiosas.
Aproximadamente 800 repartidores motorizados llevaron a cabo una protesta en Quito, el pasado 30 de mayo. Se congregaron frente a una empresa transnacional, situada en la intersección de las calles Coruña y Bello Horizonte, al norte de Quito. Durante varias horas, estacionaron sus motos en ese punto a la espera de una respuesta. También anunciaron que continuarán con las manifestaciones, incluyendo una suspensión total de actividades el pasado 1 de junio por del Día del Niño, y el próximo 5 de junio, día en que juega la Selección de Ecuador.
Estas acciones forman parte de una serie de protestas que comenzaron en 2019. Entre sus principales demandas están la obtención de un salario justo, la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), protección frente a accidentes de tránsito, y mayor claridad en los algoritmos que determinan sus ingresos, bloqueos y asignación de pedidos.
Un análisis realizado por la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) en conjunto con la consultora EY, publicado en octubre de 2022, revela que los repartidores que trabajan en plataformas digitales obtienen, en promedio, ingresos superiores a los 499 dólares mensuales si laboran a tiempo completo. Esta cifra representa un 17 % más que el Salario Básico Unificado del año 2022, que era de 425 dólares. Además, el 36 % de estos trabajadores percibe más de 600 dólares y un 12 % llega a los 800.
La secretaria de defensa jurídica del Frente de los Trabajadores de Plataformas del Ecuador (FrenApp), Carolina Hevia, coincide con este diagnóstico. Señala que desde 2021 han promovido una propuesta legislativa para establecer un marco regulatorio del trabajo en plataformas, sin resultados positivos hasta ahora.
“Las empresas se escudan en que los trabajadores son sus propios jefes, pero no les dan derechos ni afiliación”, afirma. También indica que la ausencia de regulación permite que los contratos se rijan por términos y condiciones impuestos, sin posibilidad de negociación.
El informe de Citec también revela que el 64 % de los repartidores labora más de ocho horas al día, y muchos recurren a múltiples aplicaciones para aumentar sus ingresos. El 94 % tiene personas a su cargo, y el 47 % destina sus ingresos principalmente al sustento del hogar. Estos datos reflejan una elevada carga económica y un nivel de compromiso significativo.
Hevia también denuncia que los repartidores carecen de seguros de salud y de protección frente a accidentes de tránsito. “Desde FrenApp documentamos casos de compañeros que perdieron extremidades y no recibieron ningún tipo de compensación”, señala. Añade que las trabajadoras de plataformas no tienen acceso al seguro de maternidad, y que muchas deben asumir los costos de la mochila y el uniforme que las empresas les exigen.
Ambos estudios coinciden en que los trabajadores son quienes asumen la totalidad de los gastos operativos, como transporte, telefonía, internet y equipos. Aunque valoran la independencia que les brinda el modelo de plataformas, la falta de afiliación a la seguridad social y a seguros médicos los deja expuestos. Tanto Fairwork como la Defensoría del Pueblo advierten que los contratos carecen de definiciones claras sobre derechos y obligaciones, lo que impide reclamar condiciones más equitativas.
Hevia también menciona una práctica común, en la que personas con documentos ecuatorianos crean cuentas en las plataformas y luego las arriendan a migrantes sin papeles, generando así un mercado informal de cuentas. Esta situación incrementa la precariedad e implica riesgos legales y sanciones para los repartidores. “Muchos de los que protestan fueron criminalizados por las mismas plataformas”, asegura.
Durante la pandemia, la Cepal reportó una disminución del 51 % en la asistencia a locales comerciales, lo que impulsó el uso de aplicaciones de reparto. Esto permitió a muchas personas acceder a una fuente de ingresos, aunque sin un marco legal que regule sus condiciones laborales.
El informe de Citec estima que el trabajo en plataformas digitales aporta un 0,37 % al PIB ecuatoriano. Sin embargo, Fairwork insiste en que ese crecimiento económico debe ir acompañado por una mejora en las condiciones laborales. La Defensoría del Pueblo respalda esta visión y solicita una intervención urgente para establecer una regulación en este sector.