El presidente Daniel Noboa ha decidido extender por 30 días más el estado de excepción en guayaquil y en siete provincias del país, como respuesta a una serie de atentados con explosivos ocurridos recientemente, que han dejado al menos 25 víctimas en el último mes.
Esta medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 23, tiene como objetivo preservar el orden público y la seguridad ciudadana ante el incremento de la violencia atribuida a grupos armados organizados. Entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2025, se reportaron 25 ataques terroristas en distintas zonas, incluyendo uno ocurrido el 3 de junio en Guayaquil, donde un atentado con explosivos afectó varios locales comerciales en la Bahía.
Ante esta situación, el estado de excepción permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional llevar a cabo inspecciones, allanamientos y requisas sin orden judicial, con el fin de enfrentar y desarticular a los grupos delictivos. Asimismo, se suspende temporalmente la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las zonas afectadas.
El Gobierno ha manifestado que la finalidad de esta medida es garantizar el orden, la paz social y la seguridad de la población. No obstante, la Corte Constitucional ha mostrado inquietudes respecto a la justificación y el alcance del decreto, y ha sugerido crear una comisión interinstitucional que supervise su aplicación para evitar posibles abusos.
Esta prórroga se da en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador, vinculado al avance del crimen organizado transnacional, lo que obliga al Ejecutivo a mantener acciones firmes para restaurar el orden en el país.