Un testimonio anónimo de una funcionaria de la Fiscalía, revelado este 11 de junio de 2025, desata un gran escándalo: varios fiscales están presuntamente involucrados en una red de corrupción estructurada en torno a casos de secuestro y extorsión. Según sus declaraciones, algunos magistrados cobran sumas fijas que oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares para influir en las decisiones judiciales, manipular los casos o acelerar la liberación de sospechosos arrestados.
La información sugiere un sistema cínico en el que los fiscales compiten por los casos más lucrativos. Lejos de buscar justicia, estos funcionarios se centran en casos con alto potencial de enriquecimiento, en un sistema donde la vida de las víctimas pasa a un segundo plano frente a los arreglos financieros entre abogados, fiscales y jueces corruptos. La Fiscalía, supuestamente representante de la imparcialidad del Estado, se ha convertido en algunos casos en un intermediario al servicio del crimen organizado.
Las revelaciones llegan en un momento ya de por sí tenso, donde la sociedad ecuatoriana experimenta un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. La participación de miembros de la Fiscalía General del Estado, en la liberación de secuestradores, alimenta un sentimiento de impunidad e injusticia entre la ciudadanía. Varias familias de víctimas, ante la lentitud de los procedimientos y la aparente desaparición de ciertas pruebas, podrían ver confirmadas sus sospechas.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación independiente y transparente sobre la actuación de los fiscales implicados. Algunas asociaciones de magistrados, aunque cautelosas, exigen que se proteja la integridad de la institución y solicitan auditorías internas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, por su parte, ha prometido tolerancia cero, pero hasta el momento se ha negado a comentar sobre los casos específicos denunciados.
Las reacciones se multiplican en redes sociales. Varios periodistas, quienes descubrieron la trama de corrupción, junto a asambleístas de la oposición, instan al Gobierno y exigen que el Consejo de la Judicatura inicie una revisión urgente de la estructura disciplinaria de la Fiscalía General del Estado. El asunto se está politizando, pues varios actores acusan al Ejecutivo de pasividad, señalando que las promesas de reforma judicial tardan en materializarse a pesar del agravamiento de los casos relacionados con la inseguridad.
Aunque, según se informa, las investigaciones iniciales se están iniciando a puerta cerrada, la opinión pública espera respuestas claras y una purga exhaustiva. El testimonio de la funcionaria podría ser solo el primero de una serie de revelaciones por venir. En un país que busca la estabilidad, mantener la confianza en el Estado de derecho se está convirtiendo en una cuestión nacional.