El 13 de junio de 2025 se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia preparatoria de juicio del caso denominado «Triple A». En ella, la Fiscalía formuló cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con otras 15 personas y cinco empresas, por supuesta comercialización ilegal de combustibles.
El fiscal Carlos Alarcón acusó a Álvarez de ser uno de los autores del delito, señalando que, como administrador y accionista de la empresa Copedesa, firmó contratos con Petroecuador que permitieron la entrega de combustibles a estaciones de servicio, sin garantizar su uso legal, lo que habría facilitado su desvío hacia el mercado ilegal.
Durante la audiencia, también se revisaron las medidas cautelares impuestas previamente. La defensa de Álvarez solicitó el retiro del grillete electrónico, mientras que la Fiscalía podría pedir prisión preventiva por presunto incumplimiento de las condiciones impuestas.
Las investigaciones apuntan a que empresas como Copedesa, Fuelcorp y Ternape Petroleum habrían participado en esta red de comercialización ilegal de diésel subsidiado, ocasionando un daño económico al Estado.