El presidente Daniel Noboa apuesta por un conjunto de reformas para reactivar 12 proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que se encuentran paralizados desde hace años. Con la publicación del Decreto Ejecutivo 32, el 18 de junio de 2025, el Gobierno modificó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, estableciendo mecanismos obligatorios para garantizar el pago a empresas privadas que generen electricidad para el Estado.
Creación obligatoria de fideicomisos
Una de las principales reformas establece que las distribuidoras públicas de energía deberán crear fideicomisos financiados con los recursos recaudados del cobro de tarifas eléctricas a los consumidores. Estos fideicomisos estarán destinados, en primer lugar, a cubrir las obligaciones con las generadoras privadas de energía.
“El fideicomiso se constituirá con el aporte de la totalidad de la recaudación del usuario final por concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general”, señala el decreto. Las empresas distribuidoras tienen un plazo de seis meses para implementarlo.
En el pasado, la falta de una estructura clara para garantizar pagos obstaculizó proyectos como El Aromo (fotovoltaico, Manabí), Villonaco III (eólico, Loja) y Conolophus (fotovoltaico, Galápagos), adjudicados entre 2020 y 2021, pero que aún no se ejecutan. Gabriel Secaira, especialista en el sector eléctrico, recuerda que la resistencia sindical en las empresas distribuidoras frenó la constitución de estos fideicomisos, debido a que antes eran opcionales, pero ahora son obligatorios.
Mecanismos adicionales de garantía
Además del fideicomiso, el Decreto Ejecutivo 32 contempla otros instrumentos para proteger las inversiones privadas en generación eléctrica:
- Fondos contingentes, destinados a cubrir obligaciones contractuales del Estado.
- Garantías de pago, crédito o liquidez, que puedan ser asumidas por el Estado, sus empresas o terceros.
- Delegación directa, para que proyectos de hasta 100 megavatios de ERNC accedan a tarifas preferenciales.
Para establecer cualquiera de estas herramientas, se requiere el aval del Ministerio de Finanzas. El decreto también permite crear mecanismos conjuntos que beneficien a varios proyectos, siempre que se justifique técnicamente su viabilidad.
Desafíos económicos y tarifarios
No obstante, expertos advierten sobre dificultades estructurales para que los fideicomisos funcionen de manera efectiva. Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay, señala que las distorsiones en las tarifas eléctricas impiden una recaudación adecuada para garantizar el pago a todos los actores del sistema eléctrico.
Estas distorsiones tienen origen en el Mandato Constituyente 15, emitido en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, que excluyó los costos de inversión del cálculo tarifario. Como resultado, el precio promedio de la energía en Ecuador es de USD 0,10 por kilovatio/hora, aunque debería ser de USD 0,14.
Morales también advierte que, al ubicarse en último lugar en la cadena de pagos, las empresas públicas de distribución pueden ver afectados sus presupuestos, ya debilitados por pérdidas técnicas, robos de energía y problemas de facturación.
Avances con respaldo del BID
A pesar de los desafíos, el Gobierno logró asegurar una garantía de liquidez por USD 77 millones, otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de una línea de crédito de USD 140 millones. Esta garantía servirá como cobertura de último recurso ante eventuales impagos por parte del Estado, permitiendo destrabar los 12 proyectos que suman una capacidad total de 810 megavatios y representan una inversión aproximada de USD 1.100 millones, según explicó la vocera gubernamental Carolina Jaramillo.
Entre los proyectos que finalmente se pondrán en marcha están Villonaco III (110 MW), adjudicado en 2020 a Cobra Zero-E Villonaco, cuyo contrato de inversión por USD 181 millones se firmó en 2023, y El Aromo (200 MW), adjudicado en 2020 a Solarpack, cuyo contrato de USD 145 millones fue suscrito en noviembre de 2023.
También figura el proyecto Conolophus (14,8 MW), adjudicado en 2021 a la Asociación Gran Solar Total Eren, con una inversión de USD 63 millones.
Los otros nueve proyectos restantes, adjudicados en abril de 2023 dentro del Bloque 1 de ERNC durante el Gobierno de Guillermo Lasso, aún no firman contratos de inversión. Juntos, estos representan una inversión estimada en USD 689 millones. Con los cambios normativos y las garantías propuestas, el Gobierno busca generar condiciones de seguridad jurídica y financiera que atraigan inversión privada al sector eléctrico.