Ecuador enfrenta una grave crisis en su sistema penitenciario, marcada por una ola constante de fugas de reos que en los últimos cinco años han superado las 500 evasiones. Esta situación ocurre pese a las medidas extraordinarias adoptadas por el Estado, como el estado de excepción declarado en las cárceles desde 2021 y el control militar que rige en estos centros desde enero de 2024.
Según datos oficiales recopilados por el Sistema SIAF del Delito y la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y 2024 se han registrado 447 fugas, distribuidas de la siguiente manera: 127 en 2021, 135 en 2022, 101 en 2023 y 84 en 2024. A estos números se suman al menos 53 casos registrados en 2025, incluyendo la más reciente fuga ocurrida el viernes 20 de junio.
El país cuenta con 35 prisiones distribuidas en 17 provincias, y es en estas donde se han producido las evasiones, muchas de ellas protagonizadas por delincuentes catalogados como de alta peligrosidad.
Uno de los episodios más recientes y que ha generado conmoción nacional fue la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como “Fede”, líder de la banda criminal Las Águilas. Fede logró escapar de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, posiblemente disfrazado con uniforme militar. Su detención se produjo apenas meses antes, la noche del 29 de enero de 2025, cuando fue capturado en delito flagrante mientras descargaba paquetes de cocaína valorados en USD 4,6 millones en una propiedad en Daule, provincia del Guayas.
Con 18 procesos judiciales en su contra, entre ellos por asesinato, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de armas, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, Fede es considerado uno de los criminales más peligrosos del país.
La fuga de “Fede” se suma a otras evasiones notorias que han evidenciado la grave situación carcelaria que atraviesa Ecuador. Uno de los casos más impactantes fue el de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de Los Choneros, quien se escapó de la cárcel Regional de Guayaquil el 9 de enero de 2024. Las autoridades todavía no han confirmado la fecha exacta de su fuga, pero el hecho puso en evidencia las deficiencias en el control penitenciario.
Durante el gobierno de Daniel Noboa, que inició el 23 de noviembre de 2023, al menos 85 presos se han fugado. Además de “Fede” y “Fito”, se destaca la evasión de Jairo Zambrano, presunto cabecilla de la banda Los Lobos. Zambrano huyó el 10 de junio de 2024 en Quito, durante un traslado desde la cárcel de El Inca hacia el Hospital Pablo Arturo Suárez. En ese momento, un ataque armado permitió que Zambrano escapara de sus custodios.
Otro incidente grave ocurrió el 23 de noviembre de 2024, cuando ocho reos se fugaron de la cárcel Regional de Guayaquil. Aunque siete de ellos fueron recapturados, este suceso visibilizó la crisis estructural que afecta al sistema penitenciario.
Estas fugas se producen en un contexto marcado por la violencia extrema dentro de las cárceles. Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2024, una masacre en la Penitenciaría del Litoral dejó un saldo de 17 internos asesinados. Esta cárcel colinda con la Regional de Guayaquil, lugar de algunas de las fugas recientes.
Ante la sobrepoblación carcelaria, que actualmente alberga a cerca de 31.000 presos, las autoridades han impulsado reformas legales para enfrentar la crisis. Una de las medidas incluidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública permite la expulsión inmediata de extranjeros condenados en el contexto de conflictos armados.
Las modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP) establecen que cualquier persona extranjera condenada por cualquier delito, incluso sin sentencia ejecutoriada, en un conflicto armado interno, será deportada con prohibición de retorno por 40 años. En caso de reincidencia, podría ser considerada un objetivo militar.
Estas disposiciones buscan aliviar la saturación en las cárceles y disminuir la incidencia de motines y violencia dentro de los centros penitenciarios, problemas que han afectado gravemente la seguridad y estabilidad del sistema de justicia ecuatoriano.
Mientras tanto, la constante fuga de presos, incluidos criminales de alta peligrosidad, mantiene en alerta a las autoridades y evidencia la urgente necesidad de fortalecer el control, mejorar las condiciones carcelarias y revisar las políticas de seguridad en Ecuador.