El expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, manifestó su preocupación ante la falta de planificación institucional y cuestionó el enfoque del actual Gobierno en torno a la justicia. Según Jalkh, el país carece de una estrategia clara que permita mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
A su juicio, la administración ha centrado la atención en reformas cosméticas como los análisis patrimoniales de jueces, cuando estas herramientas ya estaban previstas en el marco legal vigente. Recordó que tanto la Contraloría como la Unidad de Análisis Financiero ya poseen competencias para evaluar el patrimonio de funcionarios judiciales y que esas prácticas son obligatorias desde hace años.
Para el exfuncionario, presentar esas medidas como innovadoras solo distrae de los verdaderos problemas: el desmantelamiento institucional, la falta de inversión y la ausencia de mecanismos de evaluación que permitan monitorear resultados. “No hay cronogramas ni indicadores que reflejen avances concretos”, apuntó.
Jalkh también se refirió al deterioro de la seguridad pública, atribuyéndolo en parte a la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad. Indicó que tras esa decisión, los homicidios se multiplicaron exponencialmente y las fugas carcelarias se volvieron frecuentes, al desaparecer los sistemas de inteligencia penitenciaria preventiva.
Además, criticó la parálisis de concursos para nuevos fiscales, la falta de mantenimiento de infraestructura judicial y la incapacidad de ejecutar adecuadamente los recursos disponibles. “El problema no solo es financiero, sino de gestión. La institucionalidad ha sido abandonada”, afirmó.
El exfuncionario insistió en que la actual Judicatura no ha diseñado un plan de fortalecimiento institucional desde 2018, y que se ha perdido capacidad operativa frente al crecimiento del crimen organizado. Según Jalkh, más que anuncios políticos, el país necesita una política integral de justicia con metas medibles y voluntad real de transformación.
En ese contexto, concluyó que las reformas impulsadas por la Ley de Integridad Pública carecen de visión estructural, y advirtió que algunas propuestas podrían ser utilizadas para manipular la designación de jueces, debilitando aún más la independencia judicial en Ecuador.