Durante 2024, Ecuador enfrentó una de sus peores crisis energéticas, con apagones de hasta 14 horas al día y pérdidas económicas que superaron los USD 1.916 millones, equivalentes al 1,4% del PIB. Aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa asegura que en 2025 no se repetirán los racionamientos eléctricos, los datos disponibles al cierre de junio reflejan una ejecución presupuestaria muy por debajo de lo esperado.
Según el Plan Anual de Inversiones (PAI), apenas se ha ejecutado el 6% del presupuesto destinado al sector eléctrico. En un año normal, se esperaría que al menos el 50% de los fondos estén ejecutados a mitad de año. Sin embargo, el sector de Recursos Naturales, responsable de la política energética, solo ha alcanzado una ejecución del 11%, ubicándose como el peor en todo el Estado.
El Ministerio de Energía y Minas, que concentra el 82% del presupuesto de su sector (USD 277 millones), apenas ha ejecutado el 7,6%. Otras entidades como el Instituto de Investigación Geológico y Energético (10,9%), Arconel (26,7%) y Cenace (28,5%) también muestran niveles bajos de ejecución. Solo el INAMHI supera el 50%.
Del presupuesto total para proyectos eléctricos (USD 267 millones), únicamente se han devengado USD 16 millones. Proyectos clave como el programa de generación eléctrica emergente, con USD 167 millones asignados, no han ejecutado ni un solo dólar. Otros programas, como los destinados a reforzar el sistema de transmisión o modernizar el sistema eléctrico, registran avances mínimos.
Aunque existen tres proyectos con ejecución aceptable como el Plan de Mejoramiento de Sistemas de Distribución y el Programa Integrado de Electrificación Rural y Urbano, estos representan apenas el 5,8% del total de inversión eléctrica.
La crisis no es nueva. Entre 2007 y 2017, el país vivió un auge de inversión gracias a la bonanza petrolera y una fuerte intervención estatal, con presupuestos que superaron los USD 1.000 millones anuales. Sin embargo, desde 2017, la inversión ha caído de forma sostenida. En 2024, solo se devengaron USD 41,7 millones.
Además de la reducción en ingresos fiscales, los expertos señalan que la eliminación de mecanismos de recuperación tarifaria, como el Fondo de Reposición, limitó el financiamiento de nuevas obras. A esto se suman decisiones políticas que han mantenido tarifas eléctricas insostenibles y una escasa atracción de inversión privada.
Para evitar nuevos cortes, el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032 prevé una inversión acumulada de más de USD 10.000 millones. Aunque el presupuesto para 2025 supera los USD 268 millones, la baja ejecución a junio pone en duda la capacidad del Estado para responder de manera eficiente.