La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) sigue de cerca una demanda que presentó Contecon, empresa que maneja el Puerto Libertador Simón Bolívar en Guayaquil, ante la Corte Constitucional. Esta demanda cuestiona algunas leyes antiguas que todavía regulan cómo funcionan los puertos en el país, normas que datan de antes de la Constitución de 2008.
Contecon señala que estas leyes permiten que el Estado autorice a puertos privados sin un proceso formal, lo que crea una competencia injusta y desorganización. Por otro lado, Asotep cree que estas demandas buscan eliminar a los puertos privados, pero afirma que la ley actual les da seguridad para seguir trabajando sin problemas.
Hasta ahora, Contecon ha intentado tres veces que la Corte declare inconstitucionales ciertas normas, pero solo la última está siendo revisada. Esta busca impedir que los puertos privados puedan seguir invirtiendo y creciendo, algo que según Asotep afectaría negativamente al comercio y la economía del país.
Mientras el caso avanza, Asotep tiene planeado invertir más de 268 millones de dólares en los próximos años para mejorar infraestructura, tecnología y seguridad en los puertos privados, que hoy manejan la mitad del comercio exterior. Además, ya han gastado 370 millones en proyectos tecnológicos, como la instalación de escáneres y la profundización del canal de acceso al puerto de Guayaquil.
El abogado Fabián Pozo, quien apoya la demanda de Contecon, explica que según la Constitución, los sectores estratégicos deben ser administrados por el Estado, aunque en casos excepcionales se puede delegar esa función al sector privado. Por eso, sostiene que algunas normativas recientes permiten a privados operar sin una delegación formal, lo que genera esta controversia legal.