La jueza Ivonne Coloma decidió archivar la denuncia presentada contra la asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas por el movimiento oficialista ADN, Yadira Bayas, quien fue señalada por participar en la entrega de cocinas de inducción en un evento realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), antes del inicio oficial de la campaña electoral.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Edwin Angulo García, director provincial del movimiento Sociedad Patriótica, quienes acusaron a la legisladora de utilizar recursos públicos en una aparente campaña anticipada.
Según los denunciantes, la participación de Bayas en la entrega gratuita de cocinas se difundió mediante varios videos publicados en redes sociales, los cuales pretendían demostrar su vinculación directa con el acto oficial financiado por el Estado.
Sin embargo, al evaluar las pruebas presentadas, la jueza Coloma determinó que no se pudo comprobar la autenticidad del material audiovisual, ni establecer una conexión directa entre la legisladora y el contenido digital divulgado. A esto se sumó el hecho de que la perita encargada de validar los videos no asistió a la audiencia, lo que debilitó aún más los argumentos de los denunciantes.
Con base en estos elementos, Coloma resolvió desestimar la denuncia, por lo que la causa quedó oficialmente archivada.
Este no es el primer caso en el que el TCE desecha una acusación contra un legislador del movimiento ADN. En febrero pasado, el organismo también desestimó una denuncia en contra del asambleísta Blacio Castillo, quien, al igual que Bayas, participó en una entrega de cocinas de inducción organizada por el MIES. En esa ocasión, el TCE argumentó que la denuncia no cumplía con requisitos formales, como la presencia de firmas electrónicas verificables.
Con esta decisión, Yadira Bayas queda libre de responsabilidades dentro del proceso electoral, mientras desde el TCE se mantiene la vigilancia sobre posibles usos indebidos de recursos públicos durante la precampaña.