Antes de que entrara en vigencia la Ley de Integridad Pública, el Estado pagaba a los servidores públicos desvinculados por supresión de puestos una compensación equivalente a cinco salarios básicos unificados por cada año laborado.
En Ecuador, según la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, existen 490.496 servidores públicos, quienes ahora enfrentan incertidumbre respecto a su futuro laboral tras las recientes reformas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa, incluida esta nueva ley.
El gasto estatal en remuneraciones para este sector alcanzará cerca de 9.700 millones de dólares en 2025, lo que representa casi nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Aunque el 73 % del presupuesto para sueldos se destina a sectores prioritarios como Salud, Educación, Defensa y Policía Nacional, el Gobierno podría lograr ciertos ahorros mediante la reducción de personal en otras entidades, a través de la supresión de partidas o cargos.
La Ley de Integridad Pública, que entró en vigor el 26 de junio de 2025, reformó el monto de la indemnización que el Estado debe pagar por la supresión de puestos en el sector público.
Según esta norma y la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), la supresión de cargos debe basarse en razones técnicas, funcionales y económicas de las instituciones estatales, y contará con la participación de los Ministerios de Trabajo, Finanzas y la entidad involucrada.
La ley aclara que la supresión implica eliminar la partida correspondiente y prohibir su recreación por dos años, salvo justificación técnica válida. Además, la entidad que suprima la partida no podrá contratar personal ocasional para el mismo puesto durante el ejercicio fiscal en curso.
Antes, la Losep establecía que la indemnización por supresión de cargos equivalía a cinco salarios básicos unificados por año de servicio, computados a partir del quinto año laborado. Por ejemplo, si un empleado inició en 2015, el pago se contaba desde 2020.
El tope máximo para esta indemnización era de 150 salarios básicos unificados, equivalentes a 70.500 dólares con el salario vigente en 2025.
Con la nueva Ley de Integridad Pública, el monto de indemnización será definido en el reglamento que acompañe a esta ley.
Esto implica que el Ejecutivo podría fijar un nuevo monto o fórmula de cálculo discrecionalmente, mediante el reglamento de la Losep, explica la abogada laboral María Auxiliadora Fabre.
Fabre advierte que una reducción en las indemnizaciones podría considerarse una regresión de derechos laborales y violar la Constitución, que en su artículo 11.8 establece: «será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos».
«La disminución del monto indemnizatorio respecto al estándar legal anterior atentaría contra este principio», señala la especialista.
Asimismo, Fabre indica que siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador cuando reglamentos secundarios contradigan la ley laboral. «Los servidores afectados podrían impugnar el reglamento basándose en el principio de no regresividad y en la protección laboral a favor del trabajador», agrega.
La ley no establece un plazo para que el Ejecutivo emita la reforma al reglamento de la Losep donde se definan estos nuevos montos.
El economista Hanns Soledispa, director de Exponential Research, considera que esta modificación es un paso pequeño pero positivo para mejorar el gasto público, dado que el presupuesto estatal no tiene recursos suficientes para sostener una nómina pública tan amplia, que crece año tras año.
Soledispa señala que los altos montos por indemnizaciones han sido un obstáculo para reducir el tamaño del Estado. Por ello, la reforma que abre la puerta a menores pagos podría facilitar en el futuro cierres o fusiones de entidades públicas sin costos elevados.
Debido a los costos, en años recientes el gasto en supresión de puestos ha sido bajo. En 2024 no se registraron supresiones, según el Ministerio de Finanzas, y para 2025 el presupuesto destinado es apenas de 279.475 dólares.
En contraste, en 2020, durante la pandemia, el Gobierno de Lenín Moreno realizó una gran supresión de cargos, destinando 159 millones de dólares en indemnizaciones.