La Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, ejecutó el operativo denominado «Depuración Azul», con el objetivo de investigar a varios agentes policiales presuntamente involucrados en la venta ilegal de armas y municiones de uso oficial a organizaciones delictivas.
Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en varias provincias del país, entre ellas Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi. Uno de los allanamientos más relevantes se efectuó en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se habrían sustraído armas directamente de las bodegas institucionales.
Según las autoridades, los uniformados investigados habrían entregado este armamento a bandas del crimen organizado, vulnerando la seguridad del Estado y facilitando actividades delictivas. Las evidencias recopiladas forman parte de una investigación en curso que podría revelar más implicados y nuevas conexiones.
Este operativo se enmarca en una estrategia institucional para combatir la corrupción interna en las fuerzas del orden y reforzar el control sobre el uso y destino del armamento oficial, con el fin de evitar que estos recursos terminen en manos de estructuras criminales.