Acción Democrática Nacional (ADN) propone una segunda reforma al artículo 81 de la Ley de Servicio Público, con el objetivo de garantizar las compensaciones por retiro voluntario a partir de los 60 años.
El 8 de julio se presentaron ante la Corte Constitucional (CC) tres nuevas demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, promovida por el oficialismo en la Asamblea Nacional y ratificada por el presidente Daniel Noboa, sumando un total de 11 demandas.
Esta normativa modificó aspectos como las compensaciones por retiro voluntario, el pago por despido intempestivo y el sistema de evaluación en el sector público, generando el rechazo de gremios y sindicatos que anunciaron protestas.
Las primeras movilizaciones se convocaron para el 11 y 16 de julio en Quito, lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
Ese mismo 8 de julio, la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo cerró el informe para el segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas.
La comisión, presidida por la legisladora Valentina Centeno de ADN, decidió revertir la reforma anterior incluida en la Ley de Integridad Pública, vigente desde hace dos semanas. En este nuevo proyecto de ley urgente, se introdujo una modificación al artículo 81, que en lugar de establecer los 65 años como requisito para acceder a la compensación, ahora indica: a partir de los sesenta (60) años.
Para que esta reforma se aplique, es necesario que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas se apruebe sin cambios en esa disposición y que el presidente Noboa lo ratifique.
Mientras tanto, los servidores públicos que soliciten el retiro voluntario se regirán por la normativa actual. Según Centeno, la controversia generada por la reforma anterior se originó por información malintencionada.
A pesar de las críticas y las movilizaciones convocadas, ni el Gobierno, ni la Asamblea, ni la Comisión, ni su presidenta han aclarado públicamente esa supuesta desinformación.
La Unión Nacional de Educadores reaccionó de inmediato ante la decisión de la Comisión, indicando que esto confirma su postura de corregir la inconstitucionalidad y restituir la compensación económica por jubilación.
Finalmente, la movilización prevista para el 11 de julio se mantiene, ya que la demanda ante la Corte Constitucional también aborda otros temas como la estabilidad laboral en el sector público. Aún está por conocerse la postura del resto de colectivos que han impugnado esta y otras leyes del oficialismo.