La exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, enfrentó hoy, 10 de julio del 2025, una sentencia que la condena por doce meses tras acogerse al procedimiento abreviado por el delito de concusión. La Fiscalía confirmó que exigió pagos a cambio de nombramientos en su despacho, lo cual fue respaldado por capturas de chats y certificados bancarios.
Durante la audiencia, el Fiscal General del Estado, Wilson Toainga, presentó pruebas contundentes: registros bancarios, interceptaciones telefónicas y asesorías que demuestran la exigencia de dinero para empleos públicos. Jiménez aceptó los hechos y acordó la pena, más una multa de $4 700 y reparación de $9 200.
Este proceso judicial responde al conocido Caso En Familia, donde también fueron implicados su hermano y su cuñada por participar en una red que cobraba diezmos, a aspirantes a cargos legislativos. Ambos cooperaron con la investigación, declararon su responsabilidad, y por ello no irán a la cárcel, sino que se presentarán periódicamente ante las autoridades judiciales.
Investigaciones indican que en 2021 Jiménez, en su rol legislativo, habría exigido $3 000 a un aspirante y $6 000 a otra, entregados mediante su hijo, hermano y cuñada. Las conversaciones interceptadas incluyeron un chat en el que ella insiste en la entrega del primer pago.
El acuerdo judicial busca garantizar la reparación a las víctimas del delito y agilizar la resolución del caso sin la prolongación de un juicio ordinario. Esto incluye el pago de sanciones económicas y el cumplimiento de medidas cautelares.
Con esta resolución, se espera que se envíe una señal clara de que la corrupción en el Legislativo no quedará impune. Las autoridades recalcan que el uso de procedimientos abreviados no disminuye la gravedad de los delitos ni su impacto en la credibilidad de las instituciones.