El abogado estadounidense Alexei Schacht reveló en la audiencia judicial que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, podría enfrentar un intento de asesinato antes de ser enviado a Estados Unidos. Schacht acusa a sectores dentro de las cárceles ecuatorianas de orquestar una emboscada con fines de eliminar al líder de Los Choneros.
El letrado informa que su cliente fue reubicado tras aceptar el proceso de extradición, una decisión que habría incrementado el riesgo personal del capo. Según Schacht, esta medida podría haberlo expuesto a amenazas o represalias desde el interior del penal La Roca, donde se encuentra recluido.
En contraste, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas. Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), asegura que Fito permanece bajo protección policial y militar, sin registros de alertas o incidentes que apunten a un ataque inminente.
En tanto, el proceso de extradición avanza, pues el capo aceptó voluntariamente el traslado a territorio estadounidense durante su audiencia virtual el viernes 11 de julio. Ahora el caso pasará a manos del presidente Daniel Noboa para su confirmación, abriendo el camino a futuras negociaciones con las autoridades de ese país.
El trasfondo de esta situación es complejo, ya que alias Fito fue recapturado el 25 de junio en Manta, tras más de un año prófugo y fugas anteriores de cárceles locales. La recuperación incluyó el hallazgo de un bunker subterráneo, considerado su refugio, lo que reveló el alcance de su estructura criminal y su influencia.
En Estados Unidos, se le imputan siete cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas, conspiración internacional y asociación con el cártel de Sinaloa. Expertos estiman que el proceso judicial podría culminar en una cadena perpetua si es hallado culpable.
Por otro lado, los analistas nacionales advierten que, más allá de los aspectos legales, esta tensión pone de relieve la fragilidad del sistema penitenciario ecuatoriano, donde la disputa entre bandas criminales dentro de los recintos puede derivar en atentados contra internos de alto perfil. El caso, per se, ya golpea la percepción de seguridad del país.