El Gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a uno de sus mayores desafíos fiscales en lo que resta de 2025 y de cara al año 2026. En medio de un contexto económico incierto, el Ministerio de Economía y Finanzas alista la presentación de dos proformas presupuestarias: una para cerrar el presente año y otra para proyectar el presupuesto de todo 2026.
Este procedimiento responde a una disposición legal que obliga al Ejecutivo a presentar una nueva planificación económica luego de un proceso electoral. Debido a que 2025 fue un año electoral, el Gobierno ha operado hasta ahora con una proforma prorrogada, es decir, utilizando los mismos valores y estimaciones del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2024, el cual contemplaba gastos por USD 23.088 millones e ingresos por USD 25.621 millones, sin incluir endeudamiento.
Sin embargo, con la reelección de Noboa y su posterior posesión el pasado 24 de mayo de 2025, el Ministerio de Finanzas debe entregar a la Asamblea Nacional una nueva proforma presupuestaria para lo que resta de 2025, hasta el 24 de agosto de este año. Posteriormente, tiene hasta el 1 de noviembre de 2025 para presentar la proforma completa del año fiscal 2026.
Esta actualización es vital, ya que el contexto económico de 2025 ha variado significativamente respecto al año anterior. Por ejemplo, el presupuesto prorrogado incluía ingresos por la concesión del campo petrolero Sacha, operación que no se concretó. Además, la caída de los precios internacionales del crudo y la baja en la producción petrolera nacional han golpeado directamente las finanzas del Estado. A esto se suma la interrupción del transporte de crudo por los oleoductos SOTE y OCP debido a los efectos de la erosión regresiva del río Coca y las intensas lluvias registradas en julio de 2025, lo que limita aún más los ingresos esperados por exportaciones de petróleo.
El déficit fiscal, un problema creciente
Uno de los retos más críticos para la ministra de Finanzas, Sariha Moya, es reducir el déficit fiscal, que surge cuando los gastos del Estado superan sus ingresos. De acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Finanzas, entre enero y mayo de 2025, el presupuesto registra ya un déficit de USD 1.255 millones, lo que refleja un incremento preocupante respecto a 2024.
En ese año, el déficit fiscal totalizó USD 3.400 millones, pero la tendencia de 2025 sugiere que podría superar los USD 5.000 millones, según advierte José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). Él sostiene que mientras en el primer cuatrimestre de 2024 el país aún reportaba un superávit de USD 364 millones, en el mismo período de 2025 ya se registra un deterioro significativo de las cuentas fiscales.
Esto se debe, entre otros factores, al incremento del gasto público registrado entre enero y febrero, así como a una caída de ingresos tributarios. En 2024, se logró una recaudación récord gracias a la subida del IVA y del ISD, así como otras medidas temporales, pero muchas de esas disposiciones ya no están vigentes en 2025, lo que reduce la capacidad del Estado para sostener sus finanzas.
Endeudamiento y opciones limitadas
Para cubrir sus necesidades financieras, el Gobierno de Noboa calcula que necesitará USD 7.900 millones en préstamos solo para 2025. Sin embargo, el panorama de acceso a financiamiento externo es complejo, debido a que Ecuador mantiene un riesgo país cercano a los 800 puntos. Esto significa que si el Estado emite bonos en los mercados internacionales, tendría que pagar tasas de interés del 12,5% anual, un nivel muy elevado si se compara con el 4,7% promedio de interés de los préstamos con organismos multilaterales hasta abril de 2025.
Ante esta situación, el Ejecutivo ya solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 11 de junio de 2025, un aumento de USD 1.000 millones en el préstamo que mantiene con el organismo, que ya había aprobado USD 4.000 millones en mayo de 2024. No obstante, si se aprueba el incremento, esos fondos serían distribuidos entre los años restantes del acuerdo, que se extiende hasta 2028.
En un escenario de escaso acceso a financiamiento, otra alternativa que suele aplicarse es el retraso en pagos a proveedores, gobiernos locales y a la seguridad social. Según datos oficiales, hasta junio de 2025, el Estado ya acumula USD 938 millones en pagos atrasados.
Las salidas posibles: reducir subsidios y reformar impuestos
Frente al complicado panorama fiscal, el Ministerio de Finanzas trabaja en dos frentes para reducir el déficit: incrementar los ingresos y disminuir los gastos.
Una de las opciones sobre la mesa es la focalización del subsidio al diésel, una medida que podría generar ahorros importantes, aunque históricamente ha enfrentado resistencia por parte del sector transportista y de organizaciones como la Conaie.
En cuanto a los ingresos, se analiza la posibilidad de una nueva reforma tributaria en 2025, aunque sus efectos fiscales se verían reflejados en 2026, dado que muchos tributos como el Impuesto a la Renta se recaudan de forma anual.
Por otro lado, Cordes también ha propuesto que se revisen las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que representan alrededor de USD 3.000 millones anuales en el presupuesto.
Con dos presupuestos en el horizonte y múltiples presiones fiscales acumuladas, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta un panorama financiero desafiante. La elaboración de las nuevas proformas presupuestarias para lo que queda de 2025 y para el 2026 será clave para definir la hoja de ruta económica del país, en un contexto donde las fuentes de financiamiento son limitadas, los ingresos están estancados y los gastos continúan en aumento. La capacidad del régimen para encontrar soluciones fiscales sostenibles marcará el rumbo económico del Ecuador en los próximos años.