La noche de este martes 15 de julio, las autoridades de Puerto López, Manabí, hallaron cinco cuerpos en estado de descomposición en el sector rural de El Pital, enterrados en fosas poco profundas y parcialmente expuestos. El descubrimiento se produjo después de que los moradores percibieran un olor fétido e indicios de actividad animal cerca de la zona, lo que les llevó a alertar a la Policía Nacional. A su llegada, los agentes forenses confirmaron la presencia de cinco cadáveres en avanzado estado de descomposición, con las manos y los pies atados, y trasladaron de inmediato los restos a la morgue de Manta para su identificación.
Se presume que los cuerpos pertenecían a cinco jóvenes que habían desaparecido el 6 de julio tras viajar desde el barrio La Pradera de Manta a Puerto López. Las identificaciones preliminares apuntaban a Kevin Calixto, Carlos Daniel Quiroz Figueroa, Ernesto Israel Mendoza Carreño y los hermanos Bryan y Steven Mera Esmeraldas. Sin embargo, estas identificaciones están a la espera de confirmación oficial mediante pruebas de ADN y análisis forenses. Familiares de las víctimas habían denunciado previamente su desaparición, describiendo a los jóvenes como amigos cercanos que viajaban juntos en un vehículo que posteriormente fue encontrado abandonado en Puerto López.
El incidente conmocionó a la población local, reavivando el temor público ante la creciente violencia e inseguridad en la provincia costera de Manabí. Si bien las fuerzas de seguridad han estado presentes en la zona debido a los operativos contra el crimen organizado, los asesinatos expusieron las persistentes deficiencias en la seguridad pública. Los familiares de las víctimas se reunieron en la morgue en silencio, expresando su profundo pesar mientras esperaban la confirmación formal del equipo forense.
Investigadores de la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional iniciaron una pericia criminal con el objetivo de esclarecer los motivos y la identidad de los responsables. Especialistas forenses realizaron autopsias para determinar las causas y la hora estimada de la muerte, mientras que la policía revisó las grabaciones de vigilancia y los testimonios locales en busca de pistas. El caso atrajo la atención nacional y renovó los llamados a una intervención estatal más contundente para combatir el crimen organizado en la región.
Pedro Granja, abogado y activista social, denunció públicamente los asesinatos, advirtiendo contra la normalización de la violencia e instando a la ciudadanía a no permanecer en silencio. Enfatizó que quienes orquestaron estos crímenes no eran delincuentes comunes, sino figuras poderosas con profunda influencia que han contribuido durante mucho tiempo a la inestabilidad de Ecuador. Su declaración se hizo eco de la creciente frustración de la sociedad civil, que ha exigido medidas más contundentes y rendición de cuentas por parte del Gobierno.
Si bien las autoridades aún no habían confirmado públicamente las identidades hasta este miércoles, las circunstancias coinciden plenamente con las del grupo de jóvenes desaparecidos, y sus familias ya habrían comenzado el duelo. Las autoridades prometieron publicar un informe completo una vez finalizadas todas las identificaciones y autopsias, y se comprometieron a buscar justicia para las víctimas.
Este caso se suma a un patrón alarmante de desapariciones y muertes violentas en Manabí y zonas aledañas, lo que refleja una crisis nacional de seguridad ciudadana. Mientras continúan las investigaciones, los miembros de la comunidad y los dirigentes locales piden reformas urgentes y protección inmediata, temiendo que sin una acción decisiva, la violencia sólo se intensificaría aún más.