El Movimiento de Mujeres de Ecuador emite una declaración unificada que exige la reversión del reciente desmantelamiento institucional y la protección de los derechos fundamentales. Ante el aumento de las protestas, organizaciones feministas y sociales articulan un conjunto detallado de demandas destinadas a revertir las políticas que, según argumentan, socavan la justicia social, la igualdad de género y la integridad democrática.
Exigen al gobierno la restitución inmediata del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, así como de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Además, insisten en detener los despidos masivos y restablecer el empleo público en sectores esenciales como la salud, la educación y la atención comunitaria. La declaración también exige la suspensión de cualquier eliminación del decimocuarto salario, el cese de los esfuerzos de reforma previsional y la preservación de la jubilación como un derecho garantizado, no como un privilegio.
La transparencia es fundamental en su llamado, pues exigen acceso público al acuerdo completo firmado con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo todas sus condiciones y sus repercusiones. El movimiento también insta a una evaluación inmediata del impacto de las reformas en los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones de género, generacional y territorial. Enfatizan que las defensoras de derechos humanos deben ser protegidas de amenazas o persecución, y exigen la reafirmación del derecho constitucional a la resistencia y la protesta en todo el país.
Extendiendo su mensaje a la comunidad internacional, los grupos instan a las redes globales de derechos humanos y feministas a monitorear la evolución de la situación en Ecuador. Advierten que lo que se está desarrollando representa más que una crisis económica, consideran que es un experimento neoliberal que erosiona las protecciones institucionales y la dignidad humana. Piden supervisión internacional, pronunciamientos urgentes y la activación de mecanismos de protección para las comunidades afectadas.
Como parte de su respuesta, el movimiento se declara en resistencia continua, organizando asambleas tanto de base como nacionales. Se han movilizado portavoces locales para denunciar violaciones y retrocesos, mientras que se están formando alianzas con otros sectores sociales para coordinar acciones conjuntas. También hacen un llamado a los medios de comunicación para que garanticen una cobertura ética y precisa, y para evitar la desinformación que pueda distorsionar la comprensión pública.
Esta declaración recalca la convicción de que reducir el Estado equivale a recortar derechos, y que los ajustes de Ecuador no deben suponer una carga mayor para las mujeres y las comunidades marginadas. La coalición organizadora enfatiza que no consintieron la deuda nacional y que no pagarán con su dignidad, sustento ni seguridad.