Estalla una controversia nacional tras revelarse que el Ministerio de Salud Pública, ha adjudicado contratos por 2,2 millones de dólares para la compra de geles lubricantes íntimos, mientras hospitales del sistema público reportan escasez de medicinas esenciales. La información de la compra pública, generó indignación entre pacientes, médicos y sectores sociales que reclaman por la asignación de prioridades del Estado en plena crisis hospitalaria.
La adquisición, realizada a través de tres contratos centralizados, forma parte de una estrategia de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, especialmente en poblaciones vulnerables como personas con VIH y trabajadoras sexuales. Según las autoridades, estos insumos se distribuyeron en unidades de atención integral, con apoyo de ONG como la Fundación Kimirina y la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH/Sida.
No obstante, el contexto hizo estallar las críticas, pues cientos de ciudadanos de hospitales de Guayaquil y Quito, evidencian desabastecimiento de tratamientos para hipertensión, tuberculosis y enfermedades crónicas. Algunos comités zonales denunciaron que los pacientes eran enviados a comprar sus propios medicamentos, mientras las bodegas estatales permanecen vacías o con suministros vencidos.
Desde el Gobierno, el Ministerio defendió la compra como parte de una política de salud sexual alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere el uso de lubricantes junto con preservativos para reducir el riesgo de transmisión del VIH. Aun así, la respuesta oficial fue recibida con escepticismo por actores sociales, que reclaman transparencia y un enfoque óptimo ante las urgencias médicas actuales.
Grupos feministas y colectivos de pacientes también criticaron la falta de información pública sobre los contratos, aludiendo a opacidad en los portales de compras estatales. Algunos especialistas advirtieron que, aunque la prevención es vital, la asignación de recursos no puede ignorar el contexto real de los hospitales, donde incluso escasean alimentos para pacientes internados.
Ante el creciente malestar, el Ministerio anunció que revisaría sus procesos de contratación y reforzaría el abastecimiento de medicamentos prioritarios en hospitales del país. Al mismo tiempo, ofreció una auditoría interna para evaluar la pertinencia y el momento de la adquisición de productos no vitales en situaciones de emergencia. la controversia reaviva el debate sobre la política sanitaria del actual Gobierno, cuestionado por sectores ciudadanos que reclaman eficiencia, ética pública y prioridades claras.