En el marco del proceso judicial por la fuga de Rolando Gómez Quinde, alias “Fede”, líder de la organización criminal “Los Águilas”, la jueza Carmen Vásquez, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 19 militares involucrados. La resolución fue emitida el jueves 31 de julio de 2025, luego de una audiencia que se desarrolló durante dos días la semana anterior.
La jueza resolvió sustituir la medida de prisión preventiva, dictada el pasado 21 de junio, por otras alternativas como la presentación periódica ante las autoridades. Esta decisión generó alegría entre los familiares de los uniformados, en su mayoría originarios de Chimborazo, quienes se trasladaron nuevamente a Guayaquil para conocer el resultado de la apelación.
Durante la audiencia, los abogados defensores cuestionaron que el único fundamento de la Fiscalía para justificar la prisión de los procesados haya sido una denuncia presentada por Cruz Muñoz, exdirector de la Penitenciaría del Litoral, quien renunció al cargo y aún no ha rendido su versión ante la justicia.
Uno de los abogados, Paúl Castro, representante legal de ocho militares, expresó que es posible que el exdirector haya actuado con el objetivo de deslindarse de responsabilidades, e incluso sugirió su posible implicación directa en el delito de evasión. Por su parte, Patricia Cassula, defensora de la única guía penitenciaria procesada, también criticó la ausencia del exfuncionario, al tiempo que cuestionó la presencia de otros guías que no debían estar en funciones ese día.
La fuga de alias “Fede” se produjo el 20 de junio de 2025, cuando aprovechó el traslado de reclusos al policlínico del penal para escapar, haciéndose pasar por uno de ellos. Más tarde, al realizar el conteo, los guías penitenciarios notaron su ausencia.
La Fiscalía imputó a 22 personas por este hecho, incluyendo a 19 militares, dos agentes del SNAI y una guía penitenciaria. Todos fueron acusados del delito de evasión, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de uno a tres años de prisión.
Durante el proceso, familiares de los militares realizaron varias manifestaciones frente a la Corte Provincial, exigiendo su liberación y defendiendo su inocencia. Alegaron que los uniformados solo cumplían órdenes y no eran responsables del traslado ni de la custodia directa de los reclusos.