José Adolfo Villamar, mejor conocido por su alias “Fito”, conocido líder de la organización criminal Los Choneros, es sospechoso de ejercer influencia sobre el Hospital General IESS de Manta a través de conexiones familiares. Informes de investigación indican que, desde mediados de 2021, su prima Erika Macías Cuenca, ahora jefa de Recursos Humanos, presuntamente ha dirigido las operaciones del hospital, colocando a aliados en contratos determinantes relacionados con seguridad, limpieza y suministro de alimentos.
Según el periodista investigativo, Andersson Boscán, Fito manejaba estos flujos financieros desde la cárcel, canalizando las ganancias a su novia, Verónica Briones, quien también se encuentra en prisión, mientras que el hospital se hizo conocido en los círculos locales como “la clínica de los Choneros”. Según informes, el personal interno enfrentó presiones, incluyendo instrucciones para borrar registros telefónicos, y empresas externas vinculadas a su red obtuvieron lucrativos contratos de servicios.
Su control se extendía más allá de la infraestructura, pues su círculo íntimo ocuparía puestos logísticos importantes. Jamil Security, vinculado a su ahijado, se encargaría de la seguridad, y una empresa asociada con Briones se encargaba del suministro de alimentos. El hospital también contrataba servicios de lavandería externos a pesar de contar con instalaciones internas, lo que despertó sospechas de gastos innecesarios.
Fito se encuentra actualmente detenido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, por cargos federales, incluyendo tráfico de drogas y armas. A pesar de su encarcelamiento, los expertos advierten que la infiltración de su red en las instituciones públicas pone de manifiesto la corrupción sistémica.
El caso ha generado indignación entre la sociedad civil y los activistas anticorrupción, quienes lo ven como una prueba de cómo el crimen organizado puede penetrar la infraestructura estatal a través de redes personales. Exigen auditorías urgentes y análisis forenses de las operaciones del IESS en Manta.
Las autoridades del IESS aún no se han pronunciado oficialmente, lo que deja al público con preguntas sin respuesta sobre la legitimidad del contrato y las fallas de supervisión interna. En tanto, más periodistas de investigación se han comprometido a seguir investigando las pistas financieras vinculadas a la familia de Fito.
Según crece la atención nacional, el caso de Fito y el hospital del IESS pone de relieve una crisis profunda, en donde la erosión de la integridad del sector público, a través de la influencia clandestina, es manifestada a través de la violencia . La credibilidad institucional ahora depende de si las autoridades actúan con rapidez para recuperar el control.