El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, se convirtió en blanco de la justicia estadounidense. En un informe de más de 30 páginas presentado ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, su nombre aparecía junto al de su pareja, María Paula Christiansen. Ambos fueron vinculados en el documento a presunta corrupción, lavado de dinero, soborno, narcotráfico y conspiración.
El informe fue presentado por su exasesor Diego Vallejo, y remitido simultáneamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según Vallejo, describía irregularidades financieras, colusiones y posibles negocios ilegales que presuntamente tuvieron lugar durante la gestión de Serrano.
La denuncia también enumeraba contratos de emergencia por millones de dólares que supuestamente se adjudicaron sin licitación pública. De acuerdo a Vallejo, estos contratos beneficiaron directamente a Christiansen y plantearon dudas sobre la transparencia y la administración legítima.
El informe también cita la manipulación de documentos y declaraciones de testigos como parte de las acusaciones. Se habló de pruebas que, en casos determinantes, podrían haber sido alteradas o creadas ilegalmente para favorecer ciertos resultados.
Otro punto fue la mención de Serrano en el contexto de una investigación en curso en Estados Unidos sobre corrupción transnacional y lavado de dinero. El testimonio de testigos en este contexto estableció vínculos con estructuras internacionales de soborno.
Al momento del informe, Serrano se encontraba en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Inicialmente, su arresto se presentó como resultado de una infracción de tránsito, pero la presentación de Vallejo propició una investigación más amplia.