Líderes indígenas, organizaciones de derechos humanos y familiares presentaron hoy, 24 de septiembre, informes alarmantes sobre la desaparición de varios manifestantes en diferentes ciudades de Ecuador durante el Paro Nacional, que ya cumple su tercer día. La sociedad civil exige un esclarecimiento inmediato al Gobierno de Daniel Noboa, señalando una escalada de violaciones de derechos humanos con el pretexto de restablecer el orden público.
Según un informe de Radio Pichincha, durante el segundo día de manifestaciones, varias personas se encontraban desaparecidas tras operativos policiales en lugares como Otavalo, en la provincia de Imbabura.
La abogada de derechos humanos, Sybel Martínez, afirma que el joven Roberto Alexander Cacoango Oyagata fue visto en cámaras de seguridad en la zona de protesta, pero no ha sido localizado; su familia exige información sobre su paradero. Además, la CONAIE responsabiliza al presidente Daniel Noboa por la seguridad de los manifestantes desaparecidos.
La organización Inredh publicó en redes sociales un informe sobre la detención violenta de varios jóvenes en avenidas de la capital y su traslado en un vehículo policial con matrícula PEA 2702, sin confirmación formal de la detención por parte de la Fiscalía.
Un extracto de la publicación en X afirma:
«Durante las manifestaciones… varias personas fueron detenidas violentamente… el vehículo policial… se los llevó… cuando debían permanecer bajo custodia de dicha entidad».
Además, se mencionó a otros dos manifestantes, Pablo Argüello y Franklin Caiza, quienes fueron identificados como detenidos arbitrariamente en Quito.
Al mismo tiempo, en Otavalo, se reportan detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, en donde los manifestantes denunciaron gases lacrimógenos y agresiones físicas indiscriminadas.
La CONAIE exigió la liberación inmediata de la manifestante Gina Betel Cahuasqui, detenida en el lugar de los hechos, y acusa al Gobierno de actuar «autoritariamente» contra el movimiento social. Luego de 12 horas desaparecida, el régimen admitió que se la detuvo y posteriormente fue liberada.
Hasta el momento, el gobierno informa que 59 personas se encuentran detenidas en todo el país en relación con las protestas, según la ministra Zaida Rovira. Sin embargo, asambleístas de la oposición y organizaciones de derechos humanos, advierten que algunos de estos detenidos permanecen sin una identificación clara ni acceso a la justicia, lo que podría constituir un encubrimiento de las víctimas.
Se han movilizado patrullas militares en varias provincias, especialmente en Pastaza, donde la CONAIE denuncia la presencia «desproporcionada» de tropas y maquinaria pesada como forma de intimidación. Esta militarización se deriva de la imposición del estado de excepción en provincias azotadas por el conflicto, medida justificada por el Gobierno como necesaria para restablecer el orden. El movimiento indígena y las comunidades locales consideran esta medida un intento de reprimir las protestas y silenciar las voces disidentes.