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Consultas Populares han generado un gasto de USD 153 millones en Ecuador

by Ecuador En Directo

Con la Constitución vigente, los presidentes han convocado seis procesos de este tipo, y Daniel Noboa prevé añadir uno más en noviembre. Desde 2023, los ciudadanos han acudido a las urnas tres veces y, de concretarse la nueva convocatoria, el promedio sería de una consulta o referendo cada nueve meses.

El último, impulsado por Noboa, costó USD 60 millones, y el previsto para el 30 de noviembre tendría un gasto similar. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Constitucional de excluir cinco propuestas, la papeleta quedaría con cuatro temas:

  • Trabajo por horas en el sector turístico, solo en casos de primer empleo
  • Reducción del número de legisladores
  • Posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país
  • Eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas

Aunque Noboa ya anunció la fecha, las resoluciones de la Corte no se han hecho públicas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no define un plan operativo, por lo que falta la confirmación oficial del Gobierno con las preguntas disponibles.

El uso de las urnas como herramienta política no es nuevo; también lo promovieron Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa. Desde la Constitución de Montecristi, se ha consultado a los ciudadanos sobre 42 temas, con un gasto total de USD 153 millones, que podría llegar a USD 213 millones en noviembre.

Pese a que el presupuesto estatal de este año supera los USD 40.000 millones, incluyendo más de USD 11.000 millones de deuda, los recursos para estas consultas siguen siendo significativos.

La única excepción fueron los procesos de febrero de 2017 y agosto de 2023, que costaron menos de USD 3 millones al coincidir con elecciones generales. No ocurrió lo mismo en el referendo de febrero de 2023, que pese a realizarse junto con las seccionales, demandó USD 18 millones.

Finalmente, en general cuando llegan estos procesos, los mandatarios han preferido convocarlas según sus intereses políticos, lo que ha llevado a la Corte Constitucional a llamar la atención al Ejecutivo en al menos tres ocasiones.

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