La Asamblea Nacional aprobó con 87 votos la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. Sin embargo, el debate estuvo marcado por la controversia generada alrededor del artículo 20, que faculta a la Contraloría General del Estado a eliminar información clasificada, reservada o confidencial en un plazo máximo de 30 días una vez concluidas y ejecutoriadas las auditorías y procesos de control.
La norma establece que los documentos físicos y digitales que contengan información catalogada como confidencial, reservada, secreta o secretísima deberán ser destruidos o eliminados de manera segura, siempre que no estén vinculados a procesos judiciales pendientes o a indicios de responsabilidad penal vigentes.
La disposición fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes consideran que podría limitar el acceso a información relevante para el control de la gestión pública. La asambleísta Jahiren Noriega señaló que la medida podría dificultar el seguimiento de posibles casos de enriquecimiento injustificado y reducir los niveles de transparencia institucional.
En la misma línea, la legisladora Mariana Yumbay cuestionó la inclusión de esta reforma dentro de una ley enfocada en sancionar el uso ilegal de uniformes militares y policiales, al considerar que no guarda relación con el objeto principal de la normativa.
Más allá de la polémica, la ley endurece las sanciones para quienes utilicen, fabriquen o comercialicen de forma ilegal uniformes, insignias y credenciales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos de seguridad. Las penas contemplan hasta siete años de prisión en los casos más graves.
Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción o eventual veto.