Expertos advierten que algunas intervenciones de las fuerzas del orden podrían vulnerar la presunción de inocencia y otras garantías fundamentales, cuando se prioriza la presentación de resultados inmediatos sobre el debido proceso.
La política de seguridad en Ecuador enfrenta cuestionamientos por procedimientos que, según analistas, han derivado en detenciones injustificadas y afectaciones a los derechos humanos. Las críticas apuntan a operativos en los que el cumplimiento de metas y la exposición mediática tendrían mayor peso que las garantías legales de las personas involucradas.
Luiggi Saavedra, director de Inredh, alertó sobre las consecuencias de exponer públicamente a ciudadanos sin que existan pruebas en su contra. Advirtió que recuperar el honor y la dignidad después de este tipo de situaciones puede ser un proceso prolongado, especialmente cuando los mecanismos estatales de reparación presentan limitaciones.
Uno de los casos mencionados en el informe es el de 32 pescadores artesanales interceptados en el mar por la Armada de Estados Unidos, junto con las Fuerzas Armadas, y acusados por la Fiscalía de presuntos vínculos con redes de narcotráfico. De acuerdo con la publicación, la justicia ratificó su inocencia y las inspecciones no encontraron evidencias de actividades ilícitas. Durante el procedimiento, los pescadores habrían sufrido agresiones, presiones para confesar y la pérdida de sus herramientas de trabajo.
También se han planteado cuestionamientos sobre intervenciones de la Policía Nacional y la Fiscalía en instituciones y domicilios. Entre los casos señalados figuran procedimientos relacionados con personal de salud y presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación, en los que profesionales denunciaron haber sido retenidos de manera arbitraria, incluso cuando acudieron a colaborar y no constaban como imputados.
El analista de seguridad Daniel Pontón considera que estas prácticas responden a un enfoque que privilegia la exhibición de operativos y resultados inmediatos, en lugar de políticas públicas sostenidas. Asimismo, advierte sobre las tensiones entre las exigencias jerárquicas dentro de las instituciones policiales y el cumplimiento de las garantías constitucionales.
La publicación también señala que organismos internacionales han exigido transparencia ante las denuncias de arrestos sin pruebas suficientes. Sin embargo, los analistas consideran que la presión por mostrar resultados rápidos continúa afectando la consolidación de las instituciones y el respeto al marco legal.
El debate se centra en la necesidad de que las acciones de seguridad se desarrollen con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, para evitar que personas sin responsabilidad penal sufran consecuencias por procedimientos injustificados.