El 23 de septiembre de 2025, tres personas fueron detenidas en Quito durante una manifestación contra el Gobierno.
Esa noche, en medio de la marcha realizada en el norte de la capital, agentes policiales aprehendieron a tres manifestantes. En grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo un uniformado rocía gas pimienta en la boca de uno de ellos cuando intenta gritar su nombre, antes de ser llevado detenido.
Horas más tarde, en la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía, se desarrolló la audiencia de calificación de flagrancia. Inicialmente, la fiscal del caso pidió que se ratifique la aprehensión y se la tipifique bajo el artículo 283 del Código Integral Penal, relativo al ataque o resistencia con violencia.
No obstante, en una segunda intervención, la representante de la Fiscalía solicitó a la jueza que se declare ilegal la detención de Ángel David L.C., Pablo Alejandro G.T. y Carlos Alberto Q.R.
El argumento fue que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Además, requirió que «se remita copias del expediente y se oficie a Asuntos Internos de la Policía Nacional, a fin de que se abra expediente en contra de los agentes policiales que intervinieron en este procedimiento, para que se investigue por uso excesivo de la fuerza».
La fiscal añadió que la causa «debe quedarse en investigación previa a fin de poder realizar una investigación objetiva».
Finalmente, la jueza acogió la solicitud y dio por terminada la audiencia. Desde el inicio del paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ya se contabilizan 48 procesados por diversos delitos como terrorismo, ataque o resistencia y paralización de servicios públicos.
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