En la madrugada de este jueves 25 de septiembre, un violento enfrentamiento entre bandas criminales causó la muerte de al menos 17 reclusos en la cárcel de Esmeraldas, ciudad portuaria ubicada en la costa norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Según información preliminar de la Policía Nacional, el motín comenzó alrededor de las 03H00, involucrando a miembros de grupos criminales rivales como Los Choneros y Los Tiguerones.
Durante el enfrentamiento, se escucharon disparos y explosiones dentro de la cárcel. Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a reclusos tendidos en el suelo con el torso descubierto y ensangrentados, lo que indica la brutalidad del ataque. En al menos dos casos, las víctimas fueron decapitadas.
Las autoridades locales desplegaron unidades policiales de élite para contener la situación y recuperar el control de la cárcel. Sin embargo, el número exacto de víctimas podría ser mayor, ya que los enfrentamientos se produjeron en diferentes pabellones del centro, y preliminarmente se contabilizan 25 personas que con el transcurso de las horas se redujo a 17, por lo que se dificulta la evaluación completa de los daños. Además, la comunicación con la prisión sigue siendo un tanto limitada, lo que impide una evaluación precisa del alcance de la masacre.
Este incidente se produce pocos días después de otro motín carcelario en la provincia de El Oro, que se saldó con la muerte de 14 reclusos. Los expertos señalan que la creciente violencia en las cárceles ecuatorianas está directamente relacionada con la lucha por el control del narcotráfico, que involucra a facciones locales y cárteles internacionales. Desde 2021, más de 500 presos han muerto en enfrentamientos similares, lo que pone de relieve la crisis del sistema penitenciario del país.
La situación en las cárceles ecuatorianas refleja un panorama de inseguridad en el país, donde el aumento de la violencia urbana, las disputas entre facciones criminales y la presencia de organizaciones internacionales de narcotráfico han desafiado a las autoridades. El Gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta críticas por su gestión de la seguridad pública y la falta de soluciones efectivas para combatir la delincuencia.
Las organizaciones de derechos humanos condenan la violencia en las cárceles y exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los reclusos y prevenir nuevas masacres. Además, se exige una reforma del sistema penitenciario, con inversiones en infraestructura, capacitación del personal y programas de reinserción social para los reclusos.