El bloque de ADN busca atenuar los efectos de la “ciudadanía universal” en las reformas a la Ley de Movilidad Humana. El ministro del Interior, John Reimberg, planteó la creación de centros de acogida temporal para ciudadanos deportados.
El gobierno de Daniel Noboa propone recuperar varios artículos de las leyes urgentes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional (CC), para incorporarlos en leyes ordinarias que se tramitan actualmente en la Asamblea Nacional.
El 6 de octubre de 2025, Reimberg acudió a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se intensificó el debate sobre las reformas a la Ley de Movilidad Humana. La discusión se centra en limitar los alcances de la “ciudadanía universal” y agilizar procesos de deportación, expulsión o impedimento de ingreso de extranjeros con antecedentes o que cometan delitos.
Según Reimberg, la normativa vigente se ha convertido en una “camisa de fuerza” para el Estado, al otorgar facilidades que dificultan el control migratorio frente a personas potencialmente peligrosas. Por ello, junto al comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, presentó un conjunto de propuestas para el segundo debate de las reformas. Entre ellas se incluye ampliar de tres a diez años la prohibición de retorno de personas expulsadas; sancionar el incumplimiento de salida voluntaria con dos años de prohibición; eliminar el efecto suspensivo en apelaciones por amenaza; establecer centros de acogida temporal; permitir deportaciones en 24 horas en casos de riesgo; y exigir boletos de salida a quienes ingresen por vía aérea. También se plantean multas para quienes contraten extranjeros sin autorización y sanciones a aerolíneas que incumplan procedimientos migratorios.
“Parecen medidas simples, pero que cambian radicalmente la capacidad del Estado para poder decir aquí se cumplen las reglas”, sostuvo Reimberg.
Los mecanismos para facilitar deportaciones ya estaban incluidos en la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional el 26 de septiembre. Por ello, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) cuestiona que ADN retome estos artículos en reformas ordinarias.
La asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, señaló que la Corte Constitucional cuestionó el procedimiento de aprobación de las leyes urgentes, no su contenido. “La Asamblea Nacional tiene toda la facultad de volver a tratar las reformas y esta comisión está en su facultad de hacerlo, garantizando transparencia y escuchando a todos los actores involucrados”, afirmó.
Además, se analiza incluir la obligación de presentar antecedentes penales para obtener una visa de ingreso, la cual se revocaría si el titular comete cualquier delito en Ecuador.
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