El presidente Daniel Noboa confirmó que el Gobierno realizará el pago del décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, para los servidores públicos y sectores amparados en la ley. La decisión, presentada como un alivio económico en medio de la crisis, no pasa desapercibida, ya que apenas dos días después, el 16 de noviembre, se desarrollará el referéndum y la consulta popular impulsados por el Ejecutivo.
Desde Carondelet se insiste en que el anticipo busca garantizar liquidez a los hogares en una coyuntura difícil, marcada por la inflación, el paro nacional y las tensiones derivadas de los estados de excepción en varias provincias. Noboa sostuvo que se trata de un “gesto de responsabilidad social” y que no existe conexión con el calendario electoral. Sin embargo, la cercanía de ambas fechas ha desatado cuestionamientos desde la oposición y organizaciones sociales.
La medida beneficiará principalmente a funcionarios de salud, educación, fuerzas del orden y empleados de la administración central. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que se ha reorganizado la caja fiscal para adelantar los pagos sin descuidar otras obligaciones del Estado. A la par, se confirmó la reducción temporal del IVA en feriados, con la promesa de dinamizar sectores como turismo, hotelería y gastronomía. Estas acciones, según el discurso oficial, buscan mitigar el impacto de la crisis en la vida cotidiana de las familias.
Para los opositores, entregar el bono navideño justo dos días antes de la jornada electoral constituye un claro intento de generar simpatía ciudadana y condicionar el voto. Líderes opositores advierten que se trata de una “estrategia electoral disfrazada de política económica” y acusan al Gobierno de utilizar recursos públicos como herramienta de campaña. La Revolución Ciudadana ha sido la más dura en sus pronunciamientos, pero otras voces también señalan la falta de neutralidad en la decisión.
Adelantar el pago del décimo tercero implica comprometer liquidez que el Estado podría necesitar en diciembre, en un escenario de déficit y deuda crecientes. Aunque reconocen que las familias sentirán un alivio inmediato, advierten que la sostenibilidad fiscal se verá aún más presionada. “Es un movimiento con efecto político más que financiero, que traslada el problema a los meses siguientes”, explican analistas consultados por la prensa.
Para estos sectores, el anuncio del bono navideño “no resuelve los problemas de fondo” y no es más que una medida electoral. Insisten en que sus demandas siguen siendo respeto a los derechos colectivos, fin a los proyectos extractivos en territorios indígenas y mayor inversión social. El pago adelantado, dicen, busca desviar la atención de la represión policial y militar que denuncian en el marco del paro.
La jugada de Noboa se convierte así en un símbolo de la tensión entre política económica y estrategia electoral. Al pagar el décimo tercero en la víspera de la votación, el Gobierno intenta mostrar cercanía con las familias y aliviar tensiones sociales, pero arriesga su credibilidad frente a un electorado que observa con recelo la coincidencia de las fechas. El 16 de noviembre, día del referéndum y la consulta popular, será la verdadera prueba para medir si esta apuesta le genera respaldo político o más cuestionamientos sobre el uso de los recursos del Estado.