vigencia tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. Desde el correísmo y el PSC surgieron advertencias sobre una presunta falta de discusión parlamentaria.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados aprobaron, el 7 de octubre de 2025, un conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública.
La sesión, realizada de forma virtual, estuvo marcada por reclamos debido a que varios artículos incluidos provienen de la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC) el 26 de septiembre.
Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y legisladora de ADN, defendió el proceso de elaboración del proyecto. Afirmó que los artículos relacionados con Contratación Pública no fueron observados por la Corte Constitucional.
El oficialismo sostiene que la decisión de inconstitucionalidad respondió a aspectos de forma, por la incorporación tardía de disposiciones que rompieron la unidad de materia, pero que no cuestionó el fondo de la Ley de Integridad Pública.
Farinango destacó que la mayoría de estos artículos se venían elaborando desde enero de 2024, mucho antes de la presentación del proyecto como económico urgente.
‘Peligro’ de nueva inconstitucionalidad
Revolución Ciudadana (RC) argumentó que no se puede reutilizar contenido de normas declaradas inconstitucionales. Advirtieron que el proyecto corre el riesgo de volver a ser invalidado por la Corte Constitucional.
Durante el debate también se cuestionó el procedimiento. El legislador José Vallejo señaló que el 1 de octubre recibieron una matriz con textos no tratados previamente en el primer debate. Esto se repitió en la sesión del 4 de octubre, cuando se continuaron incorporando cambios durante la discusión.
Otto Vera, del PSC, reconoció avances en la propuesta para modernizar el sistema de contratación pública, incluidos los artículos de la Ley de Integridad. No obstante, alertó sobre la inclusión de cambios de última hora sin suficiente deliberación, lo que podría generar nuevas objeciones de inconstitucionalidad.
Varios legisladores, entre ellos Vera, solicitaron que el proyecto regrese a la Comisión de Régimen Económico para un debate más amplio y que, en ocho días, vuelva al Pleno para su votación. Sin embargo, Farinango ya había solicitado la votación, decisión acogida por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, tras casi dos horas de discusión.
Apoyo de los exPachakutik
La reforma obtuvo 80 votos a favor. Además del bloque oficialista y los independientes, cuatro exlegisladores de Pachakutik —José Nango, Fernando Nantipia, Edmundo Cerda y Carmen Tiupul— respaldaron la propuesta, pese a haberse distanciado previamente del oficialismo.
Llamó la atención la abstención del asambleísta de ADN por Los Ríos, Erwin Mendoza Palma, así como el voto diferente de Janeth Bustos Salazar (RC), quien no se alineó con su bancada, que se pronunció en contra.
Fuente: cortesía