El 6 de octubre de 2025, la Corte Provincial de Manabí emitió un recurso de hábeas corpus correctivo ordenando el traslado inmediato de ocho indígenas kichwa detenidos en Otavalo, actualmente recluidos en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, a la cárcel de Ibarra. A pesar de la sentencia judicial, hasta este jueves 9 de octubre, familiares y abogados informan desconocer el paradero exacto de los detenidos, lo que genera inquietud sobre el cumplimiento de la ley.
Según familiares, hasta el martes 7 de octubre, el traslado aún no se había completado. El miércoles, surgió información extraoficial que indicaba que siete de los detenidos habían sido liberados, mientras que el octavo permanecía en Portoviejo por no estar incluido en el recurso de hábeas corpus. Sin embargo, las verificaciones realizadas por los abogados muestran que ninguno de los detenidos ingresó a la cárcel de Ibarra, lo que genera inquietud sobre un posible incumplimiento judicial.
El abogado Mario Ruiz denuncia la situación como un «delito flagrante» por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI) y exige que el juez a cargo tome medidas contra los responsables de la institución. Ruiz enfatiza que, a pesar de las órdenes judiciales, se desconoce el paradero de los ocho indígenas kichwa, lo que pone en riesgo sus derechos fundamentales.
El SNAI, contactado por la prensa, afirma que los detalles sobre la ubicación de los detenidos se mantienen en reserva «por razones de seguridad» hasta nuevo aviso, pero no aclara si se ha cumplido la orden de traslado. Esta postura genera tensión entre los familiares y las organizaciones de derechos humanos, que enfatizan que la institución tiene la obligación legal de garantizar la integridad y seguridad de las personas privadas de libertad.
Los ocho indígenas forman parte de un grupo de trece personas acusadas de terrorismo, debido a los incidentes ocurridos en Otavalo el 22 de septiembre, durante las protestas nacionales contra el Gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía General del Estado investiga la participación del grupo en la destrucción de una bienes públicos y otros actos de violencia durante el paro.
Las organizaciones de derechos humanos han emitido una advertencia, enfatizando que el Estado ecuatoriano debe garantizar el cumplimiento de las normas legales y proteger los derechos de las personas privadas de libertad, señalando que el incumplimiento de las decisiones judiciales constituye una violación flagrante. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos expresó que el SNAI debe rendir cuentas si persiste su inacción, exigiendo transparencia sobre el paradero de los detenidos.
