La madrugada de este miércoles 25 de marzo, un juez de Garantías Penales ordenó prisión preventiva contra seis servidores policiales que se encontraban en servicio activo, presuntamente relacionados a una organización delictiva que robaba pertenencias a través de falsos allanamientos. Los implicados, pertenecientes a la Dirección de Delitos contra la Vida (Dinased), son investigados por robo, tráfico de drogas y transporte de armas en concurso real de infracciones.
Según la investigación de la Fiscalía, los uniformados habrían ingresado a una vivienda ubicada en el sector de Colinas de la Alborada cerca de la medianoche del lunes 23 de marzo, aprovechando el toque de queda vigente. Luego del procedimiento irregular, la propietaria denunció la sustracción de joyas, dinero y pertenencias personales, lo que generó una alerta inmediata al ECU 9-1-1.
La identificación de los sospechosos se logró a través del análisis de cámaras de videovigilancia, que permitió reconocer uno de los patrulleros oficiales empleados en el asalto. El vehículo fue hallado en un patio de contenedores de una empresa privada en la vía a Daule, sitio utilizado como centro de almacenamiento de evidencias ilícitas.
En el sitio, la Policía Nacional incautó:
• Armamento: Dos pistolas y cerca de 360 municiones de distintos calibres.
• Sustancias: 237 gramos de una mezcla de cocaína, marihuana y heroína, además de balanzas electrónicas.
• Efectivo: Más de 1 300 dólares y nueve teléfonos celulares.
Durante la audiencia de flagrancia, el Fiscal del caso presentó la denuncia de la víctima y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos como elementos de convicción. El magistrado aceptó el pedido y dispuso la reclusión de Karla Isabel A. M., Walter Jonnier C. A., Stalin Edmundo J. A., Álex Giovanny G. V., Daniel Steeven V. R. y Rovinson Noé S. N.
Finalmente, en un escenario donde los detenidos son declarados culpables, los agentes enfrentarían penas acumulativas considerables. En base al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico de drogas a gran escala contempla sanciones de hasta 22 años de prisión, a las que se añadirían las condenas por robo (3 a 5 años) y tenencia de armas prohibidas (5 a 7 años). La instrucción fiscal se desarrollará durante los próximos 30 días.