La situación en el sistema de salud pública se agrava con el pasar de los días, no solo por la mala atención a los usuarios, sino por la nueva ola de despidos de profesionales de la salud que se han registrado.
El presidente de la Federación Médica del Ecuador (FME), Santiago Carrasco, manifestó que, en el transcurso de este mes, serían despedidos entre 900 y 1.200 servidores de hospitales públicos.
Por lo pronto, esta medida estatal empezó la madrugada del 14 de abril de 2026, cuando cerca de 135 profesionales de la salud en Pichincha fueron desvinculados de distintos hospitales de Quito, como el Docente de Calderón, Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez y Baca Ortiz.
“La desvinculación de profesionales de la salud constituyen una decisión contraria a los principios fundamentales de equidad, oportunidad y calidad en la atención médica”, señaló.
Agregó que esta situación acrecienta la crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano, evidenciada por la sobrecarga asistencial, el desabastecimiento de insumos, la precarización laboral y la limitada capacidad de respuesta institucional.
En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) justificó las desvinculaciones, al señalar que responden a un proceso de optimización de recursos tras identificar una aparente duplicidad de funciones “y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”.
Dijo que la medida forma parte de un proceso técnico, planificado y responsable de gestión pública, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud en beneficio de la ciudadanía.
Pese a ello, FME calificó la decisión como antitécnica, por lo que advirtió que los principales afectados serán los sectores más vulnerables, como las poblaciones rurales, indígenas y de escasos recursos, que dependen exclusivamente de la red pública de salud.
Carrasco enfatizó que el sistema de salud atraviesa una situación compleja, por lo que cree fundamental que las políticas públicas en esta área se construyan con criterios profesionales adecuados y experiencia en el sector. Por ello, llamó a fortalecer los procesos de toma de decisiones, priorizando el análisis técnico y el enfoque en la atención a la ciudadanía.
En julio de 2025, en medio de una ola de despidos en el sector público bajo la Ley de Integridad Pública -luego declarada inconstitucional-, el Gobierno de Daniel Noboa aseguró que no se desvincularía a personal de salud.
No obstante, el 29 de julio de ese año, la Federación Médica denunció la desvinculación de 190 trabajadores sanitarios y acusó al Gobierno de incumplir sus compromisos.
Ahora, en esta ocasión, se notifica la desvinculación de médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos y personal administrativo con nombramientos provisionales y contratos ocasionales en distintas unidades de salud del país.
El jurista Santiago Machuca preguntó a la vicepresidenta María José Pinto, quien es la encargada del MSP, qué tiene que ver la terminación de nombramiento provisional y contrato de servicios ocasionales de servidores públicos (acto violatorio de derechos) con la ley orgánica de compras públicas.
“No pueden ni siquiera motivar e indicar las razones de la desvinculación. Hacen un formato donde copian disposiciones normativas que nada tienen que ver y solo cambian el nombre del servidor”, indicó.
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