Aunque el gobierno eliminó el impuesto aduanero el 1 de junio, los expertos dicen que la resolución de la Comunidad Andina permite a los importadores solicitar reembolsos por cuatro meses de impuestos recaudados, junto con intereses.
La eliminación de la tasa del Servicio Aduanero (TSA) sobre los bienes colombianos parecía indicar el fin de una de las disputas comerciales más importantes entre Ecuador y Colombia en los últimos años. Sin embargo, cerrar ese capítulo provocó un nuevo conflicto con consecuencias legales y financieras que podrían costar al estado más de $200 millones.
La disputa se centra en la Resolución 2582 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, emitida el 7 de mayo de 2026, que dictaminó que los cargos de Ecuador por importaciones colombianas eran ilegales.
La agencia determinó que la medida era un cargo incompatible en el marco del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, que garantizaba el libre comercio entre los países miembros del bloque.
La CAN le dio a Ecuador 10 días para retirar la medida, pero el gobierno optó por mantenerla en su lugar mientras perseguía acciones legales para impugnar el fallo. Irónicamente, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente Daniel Noboa declaró que los aranceles serían eliminados a partir del 1o de junio.
Aunque la tasa ha desaparecido, el debate sustantivo sigue abierto: ¿qué pasará con los aproximadamente 201,5 millones de dólares que el Estado levantó durante los cuatro meses en que la tasa estaba en vigor?
Una resolución que puede convertirse en factura
Para Francisco Llanes, experto en derecho supranacional, las resoluciones de la Comunidad Andina se aplican directa e inmediatamente dentro del sistema jurídico ecuatoriano, eliminando la necesidad de que los Senae o Comex creen nuevas normas para su implementación.
En la práctica, esto significa que los importadores que ya han pagado la tasa tienen motivos legales para solicitar una devolución, alegando que se trataba de una tarifa no divulgada aplicada unilateralmente.
Si los tribunales adoptan esta interpretación, el ingreso extraordinario actual del estado podría convertirse en una responsabilidad de un millón de dólares, creciendo aún más con intereses acumulados hasta que los fondos sean devueltos.
La forma de reclamar
Los especialistas coinciden en que el proceso comienza con una solicitud de reembolso de un sobrepago al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).
Lo más probable es que la entidad rechace la solicitud, como ocurrió en un caso similar en 2017.Sin embargo, esa negativa no pone fin al proceso; en cambio, permite al importador apelar ante el Tribunal Contencioso-Administrativo Fiscal.
En esta etapa, el juez podrá solicitar una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que es vinculante para todos los jueces nacionales.
El abogado fiscal Andrés Cevallos considera que los afectados deben iniciar el proceso lo antes posible.
Yo lo reclamaría de inmediato. Explicó que una negativa haría que el saldo de la cuenta ecuatoriana aumentara, incluyendo los intereses.
La experiencia 2017 juega contra el estado
Existe un precedente directo para la situación actual. En 2017, Ecuador también impuso un impuesto a las importaciones colombianas que posteriormente fue declarado incompatible con la normativa andina.
En ese momento, el Senae argumentó que las devoluciones sólo deberían hacerse a partir de la fecha en que CAN emitió su resolución. Sin embargo, la Corte de Justicia de la Comunidad Andina rechazó este argumento y dictaminó que la recuperación era ilegal desde el momento en que comenzó.
Este precedente amplía ahora el plazo para reclamar restituciones, ya que la jurisprudencia sostiene que una medida contraria al Derecho comunitario está contaminada desde su inicio.origen.
Además, los expertos señalan que el artículo 80 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión exige que se vincule una tasa al costo del servicio que financia.
Para los profesionales del derecho, es difícil justificar el aumento técnico de la misma carga del 30% al 50% y luego al 100% en pocos meses.
Gobierno cierra puerta a retornos
A pesar de este panorama legal, el Ejecutivo mantiene una postura completamente diferente.
El 2 de junio, Luis Alberto Jaramillo, Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversión, declaró que el gobierno no tiene planes para devolver los fondos recaudados.
«No habría vuelta atrás», declaró en una entrevista de televisión.
El funcionario declaró que los fondos estaban destinados a apoyar los esfuerzos de seguridad nacional, que es exactamente la justificación que el gobierno utilizó para establecer la tarifa.
También confirmó que Ecuador continuará buscando recursos legales ante la Comunidad Andina, aunque dejó de cobrar los honorarios el 1o de junio.
Una disputa que sigue creciendo
Los datos oficiales de SRI indican que esta medida fue una importante fuente de ingresos para las finanzas públicas. De febrero a mayo de 2026, la TSA obtuvo aproximadamente $201,5 millones.
Los ingresos crecieron constantemente, alcanzando USD 18,1 millones en febrero, USD 27,9 millones en marzo, USD 75,4 millones en abril y casi USD 80 millones en mayo.
Sin embargo, el impacto económico de la disputa se extendió más allá de las finanzas del Estado.Según datos del Ministerio de Producción, las exportaciones de Ecuador a Colombia cayeron aproximadamente un 20%, mientras que las importaciones de Colombia disminuyeron alrededor de un 40%.
Aunque el Gobierno afirma que la oferta interna no se vio afectada significativamente, el comercio bilateral experimentó uno de sus reveses más graves en los últimos años.
Los recursos jurídicos no suspenden la obligación
Ecuador y Colombia Hemos interpuesto recursos de revisión ante la Secretaría General de la CAN y acciones de anulación ante la Corte de Justicia de la Comunidad Andina.
Sin embargo, el artículo 41 de la Decisión 425 de la Comisión CAN establece que la presentación de esos recursos no impide la ejecución de las decisiones impugnadas.
De hecho, la Comunidad Andina ya ha rechazado la solicitud de Ecuador de suspender temporalmente los efectos de la Resolución 2582.
Aunque el gobierno insiste en proteger los recursos que ha adquirido, los expertos advierten que el debate apenas está comenzando. Lo que parece ser una victoria financiera a corto plazo para Ecuador podría convertirse en una carga importante para el Estado.