Este viernes 19 de junio, a través de un pronunciamiento conjunto, varias organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y plataformas ciudadanas expresan su preocupación por los alcances del Decreto Ejecutivo 424, que firmó ayer el presidente Daniel Noboa.
Indican que la normativa amplía, de manera arbitraria, la figura del conflicto armado interno y generaría afectaciones a derechos fundamentales, al control democrático y al Estado de derecho.
El documento dice que el Decreto 424 reinstala la narrativa de combate a la criminalidad dentro de un marco de “guerra interna” y extiende las facultades del Estado para actuar frente a categorías amplias e indeterminadas como “amenazas”, “orden público” o “paz social”.
Las organizaciones advierten que esta redacción permitiría incorporar a distintos actores sociales, organizaciones o colectivos dentro de ámbitos de intervención militar, policial o civil, bajo criterios discrecionales del Ejecutivo, y cuestionan que la normativa contemple la participación de civiles y de “Estados cooperantes” en acciones vinculadas al conflicto armado interno.
Otro de los puntos, es la inclusión de referencias a posibles indultos, amnistías, rebajas o conmutaciones de penas para integrantes de la fuerza pública y civiles que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno.
Las organizaciones consideran que estas disposiciones podrían ser interpretadas como un mensaje anticipado de tolerancia frente a eventuales excesos o violaciones de derechos humanos, especialmente en un contexto marcado por denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos atribuidos a agentes estatales.
Para el jurista Santiago Machuca, el presidente Daniel Noboa quiere saltarse lo que dice la ley e imponer su voluntad sobre la Constitución, incluso “en esta forma básica de entender una figura como el indulto”.
“No hay indulto anticipado y el indulto no le premia a nadie, excluyéndole del juzgamiento de un delito y de la necesidad de que tiene que estar privado de la libertad”, indicó Machuca.
Sobre las amnistías, en donde el presidente exhorta a la Asamblea Nacional a otorgarlas, el jurista enfatizó que dicha figura es para delitos políticos y, por mandato de la ley, están prohibidas en el caso de delitos de lesa humanidad.
El documento de las organizaciones de DD.HH., además, afirma que la estrategia de militarización aplicada durante los últimos años no ha logrado reducir de manera efectiva la violencia criminal y, por el contrario, ha coincidido con un incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
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