La muerte de la activista e investigadora anticorrupción Mónika Silva continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones estatales frente a las denuncias y solicitudes de protección que habría realizado antes de su fallecimiento.
La asambleísta Liliana Durán informó que presentó un requerimiento formal al Ministerio del Interior para obtener información relacionada con el caso. Entre los documentos solicitados constan denuncias, informes policiales, evaluaciones de riesgo, pedidos de protección y otros registros vinculados con Silva desde enero de 2023 hasta la actualidad.
La legisladora señaló que solicitudes similares también fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y otras entidades públicas, con el propósito de conocer qué acciones emprendieron ante las alertas y denuncias presentadas por la activista.
Durán sostuvo que, aunque las investigaciones sobre la muerte de Mónika Silva permanecen bajo reserva, las denuncias realizadas por la activista no tienen esa condición, por lo que considera que las instituciones deben transparentar las medidas adoptadas frente a los hechos reportados.
La asambleísta recordó que Silva impulsó diversas investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones ambientales en la provincia de Santa Elena. Además, destacó su trabajo al frente de la organización Integridad y su participación en procesos de investigación junto a otros actores de la sociedad civil.
Asimismo, mencionó la relación profesional que mantenía con el periodista Robinson del Pezo, asesinado en noviembre de 2025 en el cantón La Libertad. Según Durán, ambos casos deben ser investigados de manera exhaustiva debido a las supuestas amenazas y presiones que habrían recibido antes de sus muertes.
Entre las denuncias promovidas por Silva se encuentran presuntas irregularidades en la venta de terrenos municipales, posibles anomalías en contratos públicos, obras ejecutadas sin permisos ambientales y eventuales conflictos de interés. Para la legisladora, estos señalamientos requieren respuestas claras por parte de las instituciones competentes.
Durán también hizo referencia a la preocupación expresada por organismos internacionales, los cuales han pedido que las investigaciones se desarrollen con independencia, transparencia y sin interferencias externas.
Finalmente, la asambleísta insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para activistas, periodistas y ciudadanos que denuncian posibles actos de corrupción, especialmente cuando existen antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo debidamente documentadas