A través del Decreto Ejecutivo 472, suscrito el viernes 14 de agosto, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción por la causal de “grave conmoción interna” que abarca a 10 provincias y tres cantones del país.
El decreto señala que las provincias bajo esta medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además de los cantones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Mediante esta medida se amplía, por un periodo de 30 días, las facultades extraordinarias otorgadas al Bloque de Seguridad para enfrentar la persistente violencia criminal y consolidar el control territorial.
Esto se fundamenta, dice el documento, en informes de inteligencia que advierten sobre una “dinámica delictiva estructurada” y una “recomposición constante de las estructuras criminales” que no pueden ser contenidas mediante el régimen jurídico ordinario.
Bajo el nuevo decreto, se mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia.
Esta medida busca facilitar intervenciones urgentes de las fuerzas de seguridad en inmuebles utilizados por grupos delictivos para ocultar armas, drogas o personas secuestradas, minimizando el riesgo de filtraciones de información que suelen ocurrir en los trámites judiciales ordinarios.
También se autoriza la requisición de bienes y servicios lícitos como mecanismo de última instancia para sostener las operaciones críticas de seguridad.
Según datos del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en julio pasado se registraron 3.684 eventos delictivos y el levantamiento de 5.135 indicios balísticos dentro de las zonas priorizadas.
Además, se contabilizaron 256 homicidios intencionales en Guayas, 120 en Manabí, 113 en El Oro, 67 en Los Ríos, 27 en Santa Elena, 24 en Pichincha, 24 en Esmeraldas, 15 en Sucumbíos, cinco en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuatro en La Troncal, dos en Azuay y dos en La Maná.
A su vez, el ECU 911 coordinó 238.404 emergencias entre el 1 de julio y el 5 de agosto, de las cuales 81.711 estuvieron asociadas al estado de excepción.
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