La Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó para el próximo lunes una audiencia en la que se analizarán las solicitudes de suspensión de la pena presentadas por el expresidente Lenín Moreno y otros familiares, sentenciados en el caso Sinohydro por el delito de cohecho.
Moreno recibió una condena de cinco años de prisión, mientras que su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo fueron sentenciados a dos años y seis meses. Otros siete condenados también solicitaron acceder a este mecanismo.
La CNJ estableció el miércoles 2 de septiembre de 2026 que la diligencia para revisar las solicitudes tendrá lugar el próximo lunes.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Moreno y a otras 19 personas por cohecho, al considerar probado que existieron sobornos vinculados con el financiamiento de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La obra estuvo a cargo de la empresa china Sinohydro. Según la sentencia, la compañía entregó millonarios recursos a un grupo empresarial que posteriormente los distribuyó mediante distintas sociedades y personas, entre ellas integrantes del entorno familiar del exmandatario.
Los hechos investigados se remontan a 2010, cuando Moreno ejercía la Vicepresidencia de la República durante el gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía sostuvo que Moreno y miembros de su familia recibieron parte de los USD 76 millones que, según la acusación, fueron pagados en sobornos por Sinohydro para facilitar la construcción de Coca Codo Sinclair y su financiamiento mediante el Eximbank.
La hidroeléctrica cuenta con una capacidad de generación de 1.500 megavatios.
Los jueces determinaron que Moreno utilizó su posición como vicepresidente para intervenir en asuntos que, según el tribunal, estaban fuera de sus competencias y favorecer a Sinohydro. Como consecuencia de estas actuaciones, su entorno familiar habría obtenido beneficios. Moreno ha rechazado estas acusaciones.
Para solicitar la suspensión de la pena, Moreno y sus familiares se amparan en una disposición del Código Penal que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos. Esta permite suspender la ejecución de determinadas condenas siempre que se cumplan requisitos, entre ellos que la pena no exceda los cinco años y que el condenado no tenga otra sentencia vigente ni un proceso penal en curso.
Sin embargo, una reforma legal aprobada en 2021 eliminó este beneficio para personas condenadas por delitos como el cohecho.
Además de las penas de prisión, la sentencia estableció para los condenados la incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos, la suspensión de sus derechos de participación durante el periodo de la condena, la obligación de ofrecer disculpas públicas y el pago de una multa.