El viernes 25 de septiembre, el exgerente general subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), Fabián Calero Freire, presentó una denuncia pública ante el Sistema de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos internacionales por lo que considera que sus derechos humanos y a su defensa dentro del denominado caso Apagón o Progen fueron vulnerados.
En el documento, Calero mencionó que su única actuación administrativa relacionada con las contrataciones de emergencia fue una resolución emitida el 10 de junio de 2024, mediante la cual delegó la ejecución de los procesos a las unidades de negocio Termopichincha y Electroguayas de Celec EP, bajo responsabilidad de sus autoridades.
Además, afirmó que esa resolución no estableció proveedores específicos ni autorizó la compra de determinados equipos. También sostiene que las decisiones de las fases precontractual y contractual correspondieron a los gerentes de las unidades de negocio.
También, Calero denunció que la Fiscalía le ha negado comparecer por vía telemática en cinco ocasiones, a pesar de haber denunciado “amenazas de muerte”.
Agregó que otros procesados y comparecientes sí han intervenido de manera virtual, por lo que considera que existe un trato desigual y que la exigencia de su presencia física busca forzar su retorno a Ecuador.
En su misiva, el exfuncionario sostuvo que los ministros de Energía lideraron personalmente los procesos, se reunieron con proveedores y dispusieron las contrataciones de emergencia amparados en el Decreto Ejecutivo 229 de Daniel Noboa.
Respecto al cargo de peculado, argumentó que la Fiscalía no ha individualizado cuál de los verbos rectores del delito (abusar, apropiarse, distraer o hacer uso indebido de fondos) corresponde a su gestión.
También cuestiona la prisión preventiva dictada en su contra y sostiene que salió del país por amenazas contra su vida. En el escrito afirma que el 18 de marzo de 2026 denunció amenazas de muerte y que posteriormente perdió su condición dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
Calero también sostiene que existe una persecución selectiva y cuestiona que autoridades que participaron políticamente en el sector eléctrico durante el periodo de las contrataciones no hayan sido investigadas, mientras funcionarios técnicos y operativos enfrentan procesos penales.
Por ello, reclamó que no se ha investigado a quienes fueron ministros de Energía con el mismo rigor que a él, aunque no menciona nombres de los entonces funcionarios. “Esos procesos fueron liderados por los ministros de Energía y Minas de la época», dice Calero.
En su solicitud, pide que se permita su comparecencia por medios telemáticos, que organismos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado den seguimiento al caso y que organizaciones internacionales de derechos humanos observen el desarrollo del proceso.
Además, solicita que el Estado se abstenga de presentar públicamente como culpables a personas que no tengan una sentencia firme.
Ayer, el juez Rodrigo Sarango confirmó la prisión preventiva contra 11 procesados en el denominado “Caso Apagón”; en cuanto a Fabián Calero y el exministro Antonio Goncalves, sus casos se encuentran aún en procesamiento.
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