El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional contra el Estado ecuatoriano, específicamente contra el Ministerio de Defensa Nacional, por no entregar información relacionada con operaciones militares que podrían contribuir al esclarecimiento de la desaparición de 26 personas. La organización busca que se cumpla una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuestiona que las autoridades recurran a la reserva de información para justificar la falta de entrega de documentos que podrían ser relevantes para las investigaciones.
La acción judicial responde a la falta de respuestas que enfrentan las familias de las 26 personas desaparecidas, quienes buscan conocer qué ocurrió con sus seres queridos. El CDH sostiene que no ha recibido la documentación necesaria sobre los operativos militares realizados en las fechas y lugares relacionados con estos casos, pese a que esa información podría aportar elementos para reconstruir los hechos y determinar el destino de las víctimas.
La demanda exige el cumplimiento de la Resolución 97/2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 24 de diciembre de 2025. Mediante esta resolución, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras. Entre las disposiciones establecidas, el organismo internacional ordenó al Estado ecuatoriano facilitar de manera inmediata toda la información disponible que permita conocer el destino de las personas beneficiarias. Esto incluye los documentos solicitados mediante decisiones de la justicia ecuatoriana y las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Sin embargo, de acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, esta disposición no se ha cumplido de manera efectiva. La organización afirma que tanto los familiares como las autoridades encargadas de investigar no han podido acceder a los registros necesarios para reconstruir las operaciones militares vinculadas con las desapariciones.
Entre la información que solicitan se encuentran órdenes operativas y fragmentarias, registros de patrullaje, partes militares, informes, bitácoras y documentos que permitan identificar al personal que intervino en los despliegues. También requieren registros de vehículos y documentación relacionada con posibles detenciones y traslados de las personas desaparecidas.
El CDH presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Defensa el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, el 20 de octubre, recibió una respuesta de la cartera de Estado mediante un oficio suscrito por el ministro Gian Carlo Loffredo.
Según los argumentos expuestos en la demanda, el Ministerio de Defensa remitió a una comunicación anterior del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechada el 16 de junio de 2026. En ese documento se indicaba que, luego de realizar revisiones documentales, técnicas y operacionales, no se habían encontrado registros militares que permitieran establecer el destino o paradero de las personas desaparecidas.
Además, la respuesta institucional hizo referencia a disposiciones relacionadas con la reserva y la circulación restringida de información vinculada con la defensa, la seguridad y la inteligencia del Estado. Esta explicación no satisface al CDH, que considera que el Ministerio no ha demostrado que entregó los documentos requeridos ni que efectuó una búsqueda individualizada y verificable de la información solicitada por las autoridades judiciales y los organismos internacionales.
Para la organización, las instituciones no pueden utilizar la reserva documental como argumento para impedir el avance de investigaciones relacionadas con posibles graves vulneraciones de derechos humanos. En ese sentido, la demanda recuerda que el artículo 18, numeral 2, de la Constitución ecuatoriana establece que ninguna entidad pública puede negar información cuando se trate de violaciones a los derechos humanos.
El requerimiento presentado ante la Corte Constitucional incluye documentos sobre desapariciones registradas en diferentes localidades de las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Entre los casos señalados constan los de Dave Robin Loor Roca y Juan Daniel Santillán Suárez, quienes desaparecieron en el contexto de un operativo realizado el 26 de agosto de 2024 en Ventanas.
También se menciona la desaparición de Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, en el sector de Pimocha, en Babahoyo, así como otros casos registrados en localidades como La Ventura, Mata de Cacao, Quinindé, Tachina y Nueva Prosperina, en Guayaquil.
En varios de estos hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió acciones urgentes mediante las cuales solicitó información sobre los operativos militares, la identificación de los agentes que participaron, las posibles detenciones y los lugares a los que habrían sido trasladadas las personas desaparecidas.
Los documentos requeridos también son considerados relevantes para las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado. El CDH sostiene que no es suficiente con que las instituciones informen que realizaron revisiones internas, sino que deben localizar, preservar y entregar los registros disponibles, garantizando su autenticidad y el cumplimiento de la cadena de custodia.
A través de la acción por incumplimiento, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos solicita que la Corte Constitucional declare que el Estado ecuatoriano, particularmente el Ministerio de Defensa, no cumplió con las obligaciones establecidas por la CIDH.
Entre las medidas solicitadas consta la entrega inmediata, íntegra y verificable de la información militar relacionada con los casos. Asimismo, la organización plantea medidas de reparación para las familias, que incluyen disculpas públicas, compensaciones económicas por las afectaciones ocasionadas por el incumplimiento y la creación de un mecanismo interinstitucional que permita dar seguimiento a las obligaciones pendientes.
El CDH también pide que se establezca un protocolo de cumplimiento obligatorio para que las Fuerzas Armadas puedan identificar, preservar y entregar oportunamente la documentación requerida en investigaciones sobre posibles graves violaciones de derechos humanos.
La demanda fue recibida por la Corte Constitucional el 18 de noviembre de 2026. Luego del sorteo correspondiente, la causa 49-26-AN quedó bajo la responsabilidad de la jueza constitucional Karla Andrade.
Mientras se desarrolla este proceso, las familias de las personas desaparecidas continúan buscando respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Para ellas, acceder a los documentos militares solicitados representa una condición fundamental para avanzar en las investigaciones, esclarecer los hechos y conocer la verdad sobre el destino de las 26 personas.
