La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), dio a conocer que, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas, alegando que servían como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el narcotráfico.
En esos casos, dijo, se detuvieron a 146 de los 160 tripulantes y los entregaron a las autoridades ecuatorianas, quienes acusaron a 90 de ellos de “asociación ilícita”.
Desde que Human Rights Watch informó sobre estas operaciones, tribunales ecuatorianos han absuelto a 40 personas. En una sentencia del 29 de octubre revisada por la organización, un juez de Manta, en la provincia de Manabí, absolvió a ocho pescadores de la embarcación denominada Don Rufo.
“Los propios testigos de la Fiscalía, incluidos funcionarios de la Policía y de la Armada ecuatoriana, declararon que no se habían encontrado objetos ilícitos en poder de los pescadores y que no tenían conocimiento de investigaciones previas que los vincularan con el crimen organizado”, indicó HRW.
Por ello, el juez afirmó que la acusación se construyó como una “cadena de presunciones sucesivas”. También llamó la atención al fiscal por impulsar un caso sin sustento y dispuso su cierre.
Esta sentencia se suma a una decisión del 7 de octubre que absolvió a otros 32 tripulantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria por motivos similares. Ahí, la jueza concluyó que no existían pruebas que respaldaran la acusación de asociación ilícita y llamó la atención a los fiscales por impulsar el caso sin siquiera evidencias mínimas.
La organización enfatizó que, de los 160 tripulantes interceptados por Estados Unidos, 110, es decir, el 70%, están ahora en libertad y sin cargos. Mientras que 14 no fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial y 40 fueron absueltos. Otros 50 siguen a la espera de juicio.
“Ni Ecuador ni Estados Unidos han hecho pública la base legal del operativo, incluidos los criterios utilizados para interceptar las embarcaciones y, en algunos casos, destruirlas, ni las evidencias que supuestamente las vinculaban con el narcotráfico”, señaló.
Ante esos antecedes, Human Rights Watch insta a que el Congreso de Estados Unidos garantice la supervisión de estas y otras operaciones de seguridad estadounidenses en Ecuador y sus alrededores, donde personas han sido detenidas sin evidencias y, en algunos casos, torturadas por personal ecuatoriano.
“El crimen organizado en Ecuador representa una grave amenaza que debe abordarse con una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa de los derechos humanos, no mediante violaciones de derechos humanos”, acotó.
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